Reforma laboral: el Gobierno presiona a los gobernadores para acelerar la sanción de la ley
Patricia Bullrich ratificó que el oficialismo está dispuesto a introducir cambios para lograr consenso en el Senado, mientras Diego Santilli recorre provincias para asegurar apoyos y la CGT despliega su propia estrategia en contra.
El Gobierno volvió a activar esta semana la ofensiva política para avanzar con la sanción de la reforma laboral y puso el foco en los gobernadores, en un intento por garantizar los votos necesarios en el Senado. La estrategia combina apertura al diálogo legislativo, gestiones territoriales y presión política, en un escenario atravesado por resistencias sindicales y reclamos fiscales de las provincias.
La titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ratificó que el oficialismo está dispuesto a introducir cambios en el proyecto para asegurar su aprobación. Durante una actividad en Mar del Plata, aseguró que el Gobierno “está abierto” y que es clave construir consensos amplios. En ese marco, anticipó que desde esta semana se convocará a representantes de distintos sectores políticos y sociales a una comisión técnica en el Senado, con el objetivo de llegar a febrero con un acuerdo que permita acelerar el tratamiento de la iniciativa.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició una ronda de contactos con gobernadores para reforzar el respaldo político al proyecto. La semana pasada estuvo en Chubut, donde se reunió con Ignacio Torres, y prevé nuevas visitas a distintas provincias, entre ellas Chaco, La Pampa y Mendoza. El objetivo central es garantizar que los mandatarios provinciales ordenen a sus legisladores acompañar la reforma impulsada por la Casa Rosada.
Uno de los principales focos de conflicto es el capítulo tributario del proyecto, en particular el artículo 191, que introduce cambios en la aplicación del impuesto a las Ganancias para empresas. Gobernadores advirtieron que la reducción de la alícuota podría provocar una merma en la recaudación coparticipable, estimada en unos 5.000 millones de pesos mensuales para las provincias.
Mientras el Gobierno despliega su ofensiva, la CGT prepara una estrategia en sentido contrario. Tras la movilización del 18 de diciembre, la central sindical anunció que recorrerá las provincias para persuadir a los gobernadores de no acompañar la reforma y anticipó que profundizará la vía judicial contra los artículos que considera inconstitucionales. Así, la pulseada por la reforma laboral se traslada al territorio y promete intensificarse en las próximas semanas.
