Licitaciones del Estado: el Gobierno prohibirá la participación de empresas vinculadas a la corrupción
Un decreto amplía los criterios de inelegibilidad en las contrataciones públicas y excluye a compañías con antecedentes de corrupción o conductas fraudulentas. La medida se conoce tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones del Estado y endureció las condiciones para participar en licitaciones públicas. A partir del decreto 5/2026, publicado en el Boletín Oficial, quedarán excluidas de los procesos de obras, bienes y servicios aquellas empresas vinculadas a casos de corrupción o que presenten conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas.
La normativa amplía las restricciones vigentes y establece nuevos criterios de inelegibilidad para proveedores y contratistas del Estado Nacional. En ese marco, los organismos públicos deberán evaluar las ofertas recibidas y verificar que los oferentes no integren las listas de inhabilitación elaboradas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Desde el Ejecutivo subrayaron que la contratación pública debe desarrollarse bajo principios de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. En el texto oficial se advierte que la corrupción “deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios que debe brindar el Estado, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos”, con impacto directo en el crecimiento y el desarrollo económico.
El decreto también destaca la obligación del Estado argentino de implementar mecanismos eficaces para prevenir y combatir el cohecho transnacional, incluyendo sanciones administrativas como la exclusión o inhabilitación en procesos de selección de contratos públicos. A diferencia del régimen anterior, que limitaba la inelegibilidad a prácticas definidas por la Convención de la OCDE, la nueva norma elimina esa referencia y amplía el alcance de las sanciones.
La medida se conoce tras la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según la Justicia, existió una maniobra fraudulenta basada en contratos direccionados, adelantos financieros injustificados y abandono de obras sin sanción.
En paralelo, el Gobierno continúa con su plan de reformas y privatizaciones. Avanza la venta de acciones de Transener, principal transportadora eléctrica del país, y la segunda etapa de concesión de rutas nacionales, con más de 1.800 kilómetros actualmente operados por Corredores Viales.
