Juicio por YPF en Nueva York: Burford pidió declarar a la Argentina en desacato y el Gobierno denunció una maniobra de presión
El fondo que financia la demanda por la estatización de YPF acusó al país de incumplir el discovery ordenado por la jueza Loretta Preska. La Procuración del Tesoro apelará y habló de un intento de desestabilización política y mediática.
El juicio por la estatización de YPF en los tribunales de Nueva York sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Burford Capital, principal financiador de los fondos demandantes contra la Argentina, presentó un escrito en el que solicita que el país sea declarado en desacato por presunto incumplimiento del proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska. El planteo se da mientras sigue firme la condena contra el Estado argentino por US$ 16.100 millones, más intereses.
Según Burford, la Argentina no cumplió con la entrega de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios actuales y anteriores, incluidos integrantes de los equipos económicos de Luis Caputo y Sergio Massa. De prosperar el pedido, podría derivar en sanciones con impacto económico y financiero, además de eventuales complicaciones para el comercio exterior.
Sin embargo, la decisión judicial no será inmediata. El cronograma prevé que la defensa argentina presente su réplica el 19 de febrero, que los demandantes hagan la contrarréplica el 5 de marzo y que recién en las audiencias del 23 y 24 de ese mes la jueza Preska defina si corresponde o no declarar el desacato.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la acusación y aseguraron que el país continúa cumpliendo con el discovery. “Ninguna solicitud de este tipo tiene efectos jurídicos reales hasta que la jueza analice y resuelva la cuestión”, señalaron fuentes oficiales, y acusaron a Burford de impulsar pedidos “intrusivos y desproporcionados” para generar presión política y mediática, en un contexto de tensiones internas de sus propios inversores.
El Gobierno recordó que ya apeló en octubre ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales de funcionarios y ex funcionarios. Según la defensa, el cumplimiento del discovery demandó casi dos años de trabajo y la entrega de más de 110.000 documentos, siempre dentro de los límites constitucionales. En ese marco, aclararon que algunos funcionarios optaron por no aportar comunicaciones personales, amparados en el derecho a la privacidad.
El litigio se originó en 2015, tras la expropiación del 51% de YPF a Repsol en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, sin lanzar una oferta pública al resto de los accionistas. En 2023, Preska condenó al Estado argentino al pago de la millonaria indemnización que hoy sigue en disputa.
