La IGJ cruzó a la AFA y negó haber autorizado la mudanza de la sede a Pilar
El titular del organismo, Daniel Vítolo, aseguró que la Inspección General de Justicia nunca avaló el cambio de jurisdicción ni la asamblea que lo aprobó. Analizan los balances y no descartan sanciones.
La Inspección General de Justicia (IGJ) salió a desmentir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y aseguró que nunca autorizó la mudanza de su sede legal desde el histórico edificio de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, a la localidad bonaerense de Pilar. Así lo afirmó el titular del organismo, Daniel Vítolo, mientras analiza la documentación presentada por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia en respuesta a los pedidos de explicación sobre sus balances.
Según explicó Vítolo, la IGJ está evaluando la presentación realizada por la AFA sobre los estados contables desde 2017 a la fecha. Si la respuesta resulta satisfactoria, los balances podrían ser registrados y archivados. En caso contrario, el organismo exigirá nuevas explicaciones y no descarta avanzar con sanciones, que van desde multas hasta el eventual nombramiento de un veedor o la formulación de una denuncia penal. El plazo clave para tomar una definición es el 20 de enero.
En declaraciones televisivas, Vítolo aclaró que la IGJ “nunca autorizó” el cambio de sede ni la asamblea realizada el año pasado en la que, además, se eligió de manera anticipada al nuevo consejo directivo. Lo que existe, precisó, es apenas un “certificado de vigencia” del trámite solicitado, pero no una autorización formal para el cambio de jurisdicción. “Es como un boleto de compra-venta, no una escritura”, graficaron fuentes del organismo.
El titular de la IGJ también rechazó que exista un enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, aunque sostuvo que las críticas al organismo buscan desviar la atención de las investigaciones judiciales que involucran a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. Además, advirtió que el cambio de jurisdicción podría interpretarse como un intento de evitar controles y buscar respaldo político en la provincia de Buenos Aires.
La IGJ reclama explicaciones por inconsistencias detectadas en balances por unos US$ 450 millones y convocó a auditores y contadores para que declaren en los próximos días. Mientras tanto, la AFA negó irregularidades y acusó al organismo de ejercer presión indebida, en un conflicto que mantiene en vilo a la conducción del fútbol argentino.
