La Justicia anuló el protocolo antipiquete impulsado por Patricia Bullrich
Un juez federal declaró nula la resolución que regulaba la actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales y cuestionó que el Gobierno avanzara sobre derechos constitucionales sin aval del Congreso.
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquete que el Gobierno nacional había implementado para regular la intervención de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones y cortes de calle. El fallo fue dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La decisión se centra en la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, que establecía criterios de actuación inmediata ante protestas en la vía pública. En una sentencia de 38 páginas, el magistrado concluyó que el Poder Ejecutivo incurrió en vicios legales al intentar legislar sobre materias penales y procesales, competencias que corresponden exclusivamente al Congreso.
Según el fallo, la administración pública no puede dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales —como la libertad de reunión, de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades— sin una ley previa que las respalde. En ese sentido, el juez advirtió que el protocolo ponía en riesgo el derecho a la protesta social.
Uno de los ejes centrales del fallo fue la utilización del concepto de flagrancia. El protocolo instruía a las fuerzas de seguridad a intervenir de manera automática ante cortes de circulación, considerándolos delitos flagrantes. Para Cormick, esa equiparación es incorrecta, ya que la protesta social constituye un fenómeno complejo que no puede asimilarse de forma automática a un ilícito penal.
El juez también cuestionó que la norma no contemplara protocolos diferenciados para la presencia de niños, adultos mayores o personas con discapacidad en las movilizaciones.
El Gobierno anunció que apelará la decisión. Desde el Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva, defendieron la legitimidad del protocolo y sostuvieron que cuenta con respaldo social y judicial previo.
