El Gobierno volverá a impulsar cambios en la Ley de Salud Mental durante 2026
Tras el intento fallido en la Ley Bases, el Ejecutivo buscará modificar la normativa en sesiones ordinarias, con foco en la internación involuntaria y la intervención judicial en casos puntuales.
El Gobierno nacional volverá a la carga en 2026 con una reforma de la Ley de Salud Mental. Luego de no haber logrado incluir modificaciones en la Ley Bases, el Poder Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto que prevé cambios en la normativa vigente y que sería enviado al Congreso durante el período de sesiones ordinarias, que comienza el 1° de marzo.
Según fuentes oficiales, la iniciativa apunta a reordenar aspectos centrales de la Ley N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias. Uno de los ejes principales es habilitar a los jueces a autorizar la hospitalización de pacientes en determinados casos, una demanda sostenida por familiares, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad.
Desde el Ejecutivo reconocen que el espíritu original de la ley —basado en la desmanicomialización y la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales— encontró serias dificultades en su aplicación práctica, principalmente por la falta de dispositivos alternativos y centros especializados que acompañen ese enfoque.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, es el área que lidera el diseño del proyecto. Entre los puntos que se evalúan figuran la creación de centros especializados, la posibilidad de internaciones excepcionales con aval judicial, la redefinición de criterios de egreso y rehabilitación, cambios en la composición del Órgano de Revisión y la habilitación para que defensores puedan solicitar medidas terapéuticas urgentes.
No es la primera vez que la administración de Javier Milei intenta avanzar en esta dirección. Varias de estas propuestas formaban parte del articulado original de la Ley Bases, pero quedaron fuera del texto finalmente aprobado tras las negociaciones parlamentarias.
Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de redacción, en la Casa Rosada no descartan que el Presidente lo anuncie durante la Apertura de Sesiones del Congreso. Las modificaciones, sin embargo, anticipan una nueva polémica con organizaciones y activistas del sector, que advierten sobre un posible retroceso hacia modelos de mayor institucionalización.
Desde el Gobierno responden con ejemplos de casos de alta conflictividad y consecuencias graves, que —sostienen— evidencian la necesidad de contar con herramientas legales más claras para intervenir de manera preventiva en situaciones de riesgo.
