Costa Esmeralda, el country de mar más exclusivo, bajo la lupa fiscal y sin escrituras

El Gobierno investiga inconsistencias impositivas en el exclusivo complejo de la Costa Atlántica, donde aún no se otorgaron títulos de propiedad y varios dueños figuran como monotributistas pese al alto valor de los inmuebles.

Costa Esmeralda, uno de los barrios privados más lujosos del país, quedó en la mira de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades fiscales y por una situación dominial que se arrastra desde su creación en 2004: las viviendas aún no tienen escritura. El complejo está ubicado a 18 kilómetros de Pinamar y concentra a empresarios, figuras del espectáculo y dirigentes políticos.

La investigación oficial apunta a inconsistencias entre los ingresos declarados por propietarios y el valor de los lotes y casas. Según datos preliminares, de un universo de titulares con tres o más lotes, el 60% figura como monotributista o no está inscripto en los impuestos correspondientes. En una primera etapa, sobre 25 casos analizados, 17 presentaron desvíos relevantes.

El foco inicial del relevamiento fue el padrón de expensas que recibe ARCA, donde se detectaron diferencias entre lo declarado en el Impuesto a las Ganancias y el patrimonio inmobiliario registrado. En el Gobierno sospechan que el esquema de cesión de derechos dentro de un fideicomiso, sobre terrenos fiscales, pudo haber sido utilizado para eludir cargas tributarias.

La administración del complejo está a cargo de la Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda, entidad sin fines de lucro que confirmó haber entregado toda la información requerida por el organismo fiscal. Desde la Asociación explicaron que la falta de escrituras se debe a que el proceso de subdivisión del emprendimiento aún no concluyó, aunque recientemente se aprobó el plano de macrolotes.

Costa Esmeralda cuenta con más de 4.000 lotes, más de 2.000 casas, golf, polo, paradores de playa y un valor inmobiliario que va desde los u$s170.000 hasta los u$s3,5 millones, cifras que hoy están en el centro de la investigación oficial.

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