Mendoza judicializa la falta de vacunación infantil: ya hay denuncias, multas y sanciones por incumplir el calendario obligatorio
La provincia se convierte en la primera del país en llevar a la Justicia a padres que no vacunen a sus hijos, en medio del rebrote de sarampión y muertes por tos convulsa.
Mendoza activó un protocolo inédito en la Argentina: denunciar judicialmente a los padres que no cumplan el calendario oficial de vacunación de sus hijos. La medida surge en un contexto crítico, marcado por el rebrote de sarampión, siete muertes por tos convulsa en el país y un descenso sostenido de las coberturas. Ya se presentaron diez denuncias en tribunales civiles.
El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, confirmó los primeros casos y explicó que las audiencias obligatorias buscan advertir a los adultos sobre los riesgos sanitarios. “No buscamos castigar sino proteger a los niños”, reiteraron desde el gobierno mendocino. Especialistas subrayan que la inmunidad de rebaño exige coberturas superiores al 95%, lejos del 80% actual en vacunación escolar.
La normativa provincial habilita multas de entre 84.000 y 336.000 pesos, trabajos comunitarios e incluso hasta cinco días de arresto para quienes incumplan. Las denuncias son canalizadas a la Justicia Civil, que cita a los responsables y evalúa los pasos a seguir. El protocolo otorga un plazo de 30 días para regularizar la situación antes de iniciar sanciones.
El mayor déficit se concentra en vacunas aplicadas a los 15 meses, por una caída en los controles de niño sano. También preocupa el descenso entre adolescentes: la cobertura de la vacuna contra el VPH llega al 66,98% en mujeres y apenas al 60,92% en varones para la primera dosis; la segunda dosis muestra niveles aún más bajos.
La responsable de Inmunizaciones, Iris Aguilar, afirmó que las amenazas de grupos antivacunas no alterarán la estrategia: “Las vacunas salvan vidas”. Advirtió, además, sobre la circulación de seudorrelatos científicos que confunden a las familias.
La resolución provincial se sustenta en la Ley Nacional de Vacunas, que establece la obligatoriedad y gratuidad del calendario. Mendoza sostiene que “la salud pública prevalece sobre el interés particular” y remarca que el Estado es el garante de la protección sanitaria de la niñez.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud continúa monitoreando el cumplimiento mediante el sistema informático provincial. Si no se registran las dosis, se activa la denuncia formal. La caída de la vacunación infantil y adolescente en el país eleva la preocupación por el retorno de enfermedades previamente controladas.
