Reforma laboral y previsional: el Senado inicia el debate por el recorte de contribuciones patronales
El proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral con un aporte equivalente al 3% de la masa salarial. Ese monto será descontado del sistema previsional, lo que implica una pérdida de recursos para la ANSeS y abre un duro debate por su financiamiento.
La Reforma Laboral que el Gobierno presentará antes de enviarla al Senado introduce cambios estructurales en el sistema de indemnizaciones y en las contribuciones patronales. El eje central es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que se financiarán con un aporte del 3% de la masa salarial. Ese aporte será descontado de la contribución patronal al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que implica una reducción de ingresos para la ANSeS. Según el proyecto, “los empleadores incluidos en el presente régimen tendrán una reducción de tres puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al SIPA”. El Gobierno presentará la iniciativa en la Casa Rosada junto al Consejo de Mayo, integrado por Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, representantes legislativos, la UIA y la CGT. De acuerdo con diversas estimaciones, solo el recorte del 3% que financiará a los FAL podría implicar una pérdida cercana a los 2.600 millones de dólares anuales considerando la remuneración promedio informada al SIPA, y escalar hasta 4.700 millones de dólares tomando los datos del sistema de Cuentas Nacionales del INDEC. A ese impacto se suma otra reducción: la rebaja del 1% en la contribución patronal a la seguridad social para los trabajadores ya registrados, lo que generaría una caída adicional de alrededor de 1.000 millones de dólares y obligaría a las empresas de medicina privada a cubrir parte del recorte. La reforma incluye además una reducción permanente de 3% sobre contribuciones a los subsistemas previsionales, lo que significaría otros 3.000 millones de dólares menos para la seguridad social. Finalmente, el régimen RIFL incentivará nuevas contrataciones con alícuotas preferenciales, con un impacto incierto según la adhesión empresaria. El Gobierno argumenta que la reforma busca reducir costos laborales y promover empleo, aunque especialistas alertan sobre el desfinanciamiento previsional y comparan la medida con la reducción aplicada por Domingo Cavallo en 1994.
