La Corte Suprema analiza un nuevo reclamo para limitar la compra de tierras por extranjeros
El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para examinar un planteo de organizaciones ambientales, comunidades indígenas y una legisladora de Río Negro. La resolución podría abrir la puerta a una medida cautelar que restablezca las restricciones eliminadas por el DNU 70/23 de Javier Milei.
La Corte Suprema de Justicia volverá a analizar la controversia por la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto de necesidad y urgencia 70/23, de diciembre de 2023. El tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para estudiar una nueva presentación que podría derivar en el restablecimiento cautelar de los límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La convocatoria, impulsada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se produjo pocos días después de que el máximo tribunal revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del decreto que eliminó la Ley 26.737. Aquella decisión se fundamentó en cuestiones procesales y generó cuestionamientos de sectores opositores, que impulsaron una ofensiva parlamentaria contra el decreto.
El nuevo planteo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron que la Corte precise si su resolución anterior también comprende el amparo colectivo que promovieron contra la derogación de la norma.
El expediente introduce argumentos diferentes de los examinados en el caso impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Mientras esa organización había fundamentado su reclamo en la defensa de la soberanía nacional, los nuevos demandantes invocan derechos colectivos vinculados con la protección ambiental y los territorios ancestrales de los pueblos originarios.
Para resolver la cuestión, la Corte incorporará a dos conjueces, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, junto con sus tres integrantes titulares: Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. La ampliación busca garantizar la integración necesaria para adoptar una decisión ante las diferencias internas sobre el expediente.
El tribunal también aceleró los plazos procesales, al reducir de 72 a 24 horas el período para recusar a los conjueces y habilitar días y horas inhábiles.
La resolución podría tener repercusiones políticas. Los bloques opositores buscan debatir en Diputados la derogación del DNU 70/23, mientras que una eventual cautelar judicial podría modificar el escenario sobre la aplicación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. El alcance concreto dependerá de la decisión que adopte la Corte.
