Piden que Lázaro Báez vuelva a prisión para cumplir su condena por lavado
El fiscal general Abel Córdoba solicitó al Tribunal Oral Federal 4 que el empresario Lázaro Báez regrese a prisión para cumplir la condena de diez años que la Corte Suprema de Justicia dejó firme en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”. Según el cómputo oficial, al dueño de Austral Construcciones le restan poco más de seis años de pena efectiva, luego de haber estado en prisión preventiva y arresto domiciliario durante los últimos años.
Báez, quien fuera un estrecho colaborador y socio comercial de la familia Kirchner, fue beneficiado desde 2020 con el arresto domiciliario, primero en una residencia en el Gran Buenos Aires y luego en una lujosa casa de El Calafate. Sin embargo, esa medida no fue otorgada en el marco de la causa por lavado de dinero, sino por otro expediente vinculado a la compra del campo El Entrevero. Ahora, con la sentencia confirmada por la Corte, la fiscalía pidió su inmediata detención.
Junto con Báez, el fiscal también solicitó la captura y reclusión en una unidad del Servicio Penitenciario Federal para otros dos condenados en la causa: el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. Ambos tienen penas de seis años, de las cuales ya cumplieron poco más de tres, por lo que deberán volver a prisión para completar sus respectivas sentencias.
En cuanto a Martín Báez, hijo mayor del empresario, Córdoba aplicó otro criterio. Al haber cumplido más de dos tercios de la condena de seis años (resultado de una reducción desde los ocho iniciales), el fiscal solicitó que se le otorgue la libertad condicional. Martín había sido excarcelado en 2023 tras pasar más de cuatro años detenido, entre prisión preventiva y arresto domiciliario en Río Gallegos.
La causa conocida como “Ruta del Dinero K” reveló un complejo entramado financiero para lavar más de 55 millones de dólares, mediante una red de sociedades y transacciones internacionales. Austral Construcciones fue el núcleo de esa maniobra, que incluyó operaciones bursátiles simuladas y el uso de la financiera SGI, popularmente llamada “La Rosadita”, donde fueron grabados Martín Báez y otros contando millones en efectivo. La decisión final sobre el cumplimiento de las penas ahora queda en manos del TOF 4, que deberá definir el destino de los 22 condenados en este caso.
