El Gobierno auditó 104 líneas de colectivos y detectó desvíos tarifarios
Una investigación sobre 183 millones de viajes no encontró una defraudación sistemática, pero sí cobros por encima o debajo de lo correspondiente. Quedaron en disputa más de $7.000 millones en subsidios.
La Secretaría de Transporte investigó a 104 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de denuncias contra el Grupo Metropol por presuntos cobros indebidos de pasajes y un supuesto perjuicio al Estado de hasta $30.000 millones. La auditoría concluyó que no hubo una estafa sistemática, aunque sí detectó “desvíos operativos” en buena parte del sistema.
El análisis incluyó aproximadamente 183 millones de transacciones. Según la resolución oficial, no se encontraron manipulaciones de tarifas ni patrones significativos que permitieran inferir alteraciones sistemáticas de las validaciones. Sin embargo, el 6,99% de las operaciones registró cobros superiores a los que correspondían de acuerdo con el origen y destino declarado por los pasajeros.
Los desvíos también se produjeron en sentido contrario, con cobros inferiores a las tarifas correspondientes. La Secretaría de Transporte señaló que el fenómeno apareció con diferentes niveles de intensidad en gran parte del sistema y no exclusivamente en las empresas que habían sido denunciadas inicialmente.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte realizó además una auditoría sobre los servicios urbanos de jurisdicción nacional del AMBA. Se relevaron más de 1.000 servicios y se efectuaron más de 12.000 controles tarifarios, que confirmaron la existencia de irregularidades tanto por exceso como por defecto.
A partir de los resultados, el Gobierno implementó nuevos mecanismos de control. Entre ellos se encuentra UrbanTrips, una plataforma que permite comparar los viajes efectivamente realizados con los ingresos declarados por las empresas. También comenzó a utilizarse el sistema S.I.G.O., destinado a planificar, gestionar y auditar recorridos y frecuencias de manera automatizada.
La investigación concluyó que no existen elementos para afirmar que haya habido defraudación al Estado, manipulación informática, alteraciones externas del sistema SUBE o mecanismos fraudulentos que hayan provocado un perjuicio patrimonial comprobado.
De todos modos, el Gobierno había dispuesto un embargo de $8.031 millones sobre subsidios correspondientes al período octubre de 2025 a mayo de 2026. Actualmente, permanecen en discusión $7.079 millones. Las empresas involucradas reclaman respuestas sobre el destino de esos fondos y todavía esperan una definición oficial.
