Denuncian penalmente a la jueza que frenó la Ley Penal Juvenil en Provincia
Bajada: Usina de Justicia acusó a Marta Elba Pascual de presunta usurpación funcional y abuso de autoridad por suspender durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
La Asociación Civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, por haber suspendido durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. La entidad, creada por Diana Cohen Agrest, acusó a la magistrada de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
La decisión judicial fue adoptada tras un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y dispuso que la nueva normativa, que reduce a 14 años la edad de imputabilidad, no pueda aplicarse temporalmente en territorio bonaerense. La jueza convocó además a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios provinciales deberán informar sobre las medidas previstas para implementar el régimen.
Usina de Justicia solicitó intervenir como amicus curiae en esa causa y pidió participar de la audiencia. En paralelo, sostuvo que la suspensión se habría basado en una hipótesis sobre un eventual aumento de las internaciones y problemas de alojamiento, sin que existiera una lesión concreta que justificara frenar la ley.
La organización también cuestionó que no se hayan considerado todas las herramientas previstas por la norma, entre ellas medidas educativas y de acompañamiento, prohibiciones de contacto o acercamiento, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación integral del daño. La entidad reclamó además que se incorpore al proceso la perspectiva y los derechos de las víctimas de delitos.
Pascual defendió su resolución y rechazó que su postura implique estar en contra de bajar la edad de imputabilidad. Señaló que considera “pésimo” que los menores estén encerrados y sostuvo que la ley no garantizará por sí sola mayor seguridad.
La jueza explicó que aplica criterios de “justicia restaurativa” y reclamó mecanismos de formación, actividades y tratamiento para los jóvenes sancionados. “No pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan”, sostuvo. Por su parte, La Libertad Avanza bonaerense anticipó que pedirá su juicio político.
