El Supremo español pone en duda el voto de miles de nacionalizados por la “ley de nietos”
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la inscripción electoral de descendientes de españoles que obtuvieron la ciudadanía bajo la Ley de Memoria Democrática y no puedan acreditar el exilio de sus antepasados. Sánchez rechazó la decisión.
El Tribunal Supremo de España dictó una medida cautelar que pone en suspenso la inscripción en el padrón electoral de descendientes de españoles que obtuvieron la ciudadanía mediante la llamada “ley de nietos” y que no puedan demostrar que sus antepasados fueron exiliados durante el franquismo. La decisión afecta potencialmente a miles de personas que buscan participar de las próximas elecciones desde el exterior.
La medida alcanza al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), donde ya fueron incorporados 306.000 nuevos nacionalizados. Según cifras del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, 2,4 millones de descendientes solicitaron turno en consulados españoles y 1,2 millón inició formalmente el trámite. El 40% de las solicitudes provino de Argentina. Hasta fines de marzo, 544.722 pedidos habían sido aprobados.
El presidente Pedro Sánchez rechazó públicamente la resolución. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo”, afirmó en una entrevista televisiva. Horas antes, en el Parlamento, había defendido que no debe haber “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, sino personas con los mismos derechos, incluido el voto.
La presentación judicial había sido impulsada por Vox y por Iustitia Europa. El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé cuestionó el crecimiento del CERA, que, según sostuvo, aumentó en más de 29.000 personas durante los últimos dos meses y sumó 403.466 españoles desde 2023.
La Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, amplió las posibilidades de acceder a la nacionalidad para descendientes de españoles que hubieran perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o vinculadas con la orientación e identidad sexual. También contempla a descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.
Sánchez defendió la norma y cuestionó el cambio de postura del Partido Popular, al recordar que bajo esta legislación se celebraron las elecciones generales de 2023 y que el PP ganó el voto exterior. También advirtió sobre una eventual derogación: el ministro Ángel Víctor Torres ya había señalado que un cambio de gobierno podría dejar sin efecto las solicitudes todavía no concretadas.
