Denuncian la venta de un campo patagónico con lago privado durante el vacío judicial sobre tierras rurales
Un informe del Observatorio de Tierras detectó que una inmobiliaria promocionó a compradores extranjeros un predio de 2943 hectáreas en Chubut, con lago propio y kilómetros de costa fluvial. La oferta apareció durante los diez días en que los fallos judiciales dejaron temporalmente sin efecto las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Una inmobiliaria promocionó la venta de un campo de 2943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut, con un lago privado de 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. La publicación, difundida en castellano y en inglés el 30 de septiembre, fue identificada por un informe del Observatorio de Tierras, que advirtió sobre el momento en que se realizó la oferta.
Según el organismo, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre se produjo una ventana de diez días durante la cual el régimen de protección de tierras rurales quedó desmantelado de hecho por decisiones judiciales. La situación cambió cuando la Corte Suprema dispuso la suspensión provisoria del artículo 154 del DNU 70/2023 y restituyó temporalmente la vigencia de la ley de tierras rurales.
Durante ese período, Loma Alta Propiedades difundió mensajes como “Volvió el interés extranjero por el campo argentino”. La cuenta de Instagram de la firma publicó cinco avisos, aunque tres fueron eliminados posteriormente. La propiedad también desapareció de su sitio web. La inmobiliaria no respondió las consultas de LA NACION.
El investigador Matías Oberlin señaló que la oferta vulneraría las restricciones que impiden a extranjeros comprar inmuebles rurales con espejos de agua permanentes o de gran extensión, así como terrenos ubicados en zonas de seguridad de frontera. El informe también cuestionó la estructura comercial: Loma Alta habría sido creada en redes sociales a fines de septiembre y no contaría con CUIT ni inscripción formal.
El relevamiento vinculó la operación con Martín Gough, corredor inmobiliario matriculado en Chubut, y con la firma Ameghino 830 Propiedades, de la que figura como socio y directivo el contador Jorge Alberto Vernengo. Este último está imputado en una causa por presunta administración fraudulenta y balances falsos en perjuicio de la Mutual Aonikenk. Tras revocar el sobreseimiento de los imputados, el Superior Tribunal de Justicia provincial ordenó avanzar hacia el juicio oral.
El Observatorio reclamó que la regulación sobre tierras, ríos y lagos quede firme y pidió a los gobiernos provinciales mecanismos para esclarecer las operaciones realizadas durante el período de incertidumbre judicial.
