AMIA: el Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte de La Haya
Varios ministerios trabajan en la presentación que podría hacerse en breve ante la Corte Internacional de Justicia.

El Gobierno estudia denunciar a la República Islámica de Irán frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Once. La Casa Rosada puso a funcionarios de diferentes ministerios a trabajar en una demanda que podría alcanzar no solo a los acusados por la voladura de la mutual judía, sino también al propio Estado iraní, según informaron a Clarín fuentes al tanto de la iniciativa oficial.
Este jueves por la tarde, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo pública una reunión con las autoridades de la AMIA. En la red social X, Mahiques dijo: “Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”.
Ese anuncio deja en claro que el Gobierno está trabajando en una estrategia para llevar al máximo nivel de la Justicia Internacional al régimen iraní, luego de que las autoridades de ese país se negaran durante años a permitir que la Justicia argentina indague a los acusados por la voladura de la AMIA.
La Argentina acudió a La Haya, en el sonado caso de la demanda contra Uruguay por la instalación de papeleras en 2006, por la presunta violación del Tratado del Río Uruguay de 1975; y contra Estados Unidos, en 2014, a causa de la sentencia de pago a favor de los fondos buitre del juez Thomas Griesa.
Iraníes procesados
Hace tres semanas, el juez federal Daniel Rafecas procesó a los ocho iraníes y libaneses acusados de se los responsables del atentado, a quienes se les realizará un juicio en ausencia.
Se trata de exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista.
Los hechos corroborados y con el juicio en ausencia como marco jurídico, les atribuye a los ocho iraníes y libaneses los delitos de homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.
Rafecas también fundamentó y calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y apeló a la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.
El magistrado también impuso a cada uno de los acusados un embargo de 500 millones de dólares.
Al momento de justificar la decisión, Rafecas recordó que nuestro país cuenta con una ley de juicio en ausencia (Ley 27.784).
El juez procesó a Ali Fallahijan, por aquel entonces Ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, entonces Ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, quien era Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, Comandante de la fuerza Al Quds (de la Guardia Revolucionaria).
El procesamiento también alcanzó A Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina, Mohsen Rabbani, Consejero Cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asghari, y a Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente de Hezbollah.
