El Gobierno excluyó a empresas controladas por Estados de la licitación eléctrica AMBA I
La obra demandará unos US$ 800 millones y permitirá ampliar en 2.000 MW la capacidad de abastecimiento del área metropolitana. El pliego establece restricciones que impactan especialmente sobre compañías estatales chinas.
El Gobierno prepara la licitación de AMBA I, un proyecto estratégico de infraestructura eléctrica que demandará una inversión estimada en US$ 800 millones y busca aliviar la saturación de la red de transmisión en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La iniciativa permitirá incorporar unos 2.000 megawatts de capacidad de abastecimiento y contempla la construcción de 270 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión.
Uno de los aspectos centrales del pliego publicado por el Gobierno es una cláusula que impide participar, como oferentes o integrantes de un consorcio, a empresas que estén bajo control directo o indirecto de Estados soberanos. La disposición excluye en particular a compañías vinculadas con gobiernos extranjeros y vuelve a poner en discusión la participación de empresas chinas en grandes proyectos de infraestructura en Argentina.
Una cláusula similar había sido incorporada en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. En aquel proceso, un consorcio estadounidense cuestionó la participación indirecta de compañías chinas detrás de Jan de Nul, la empresa que finalmente obtuvo la concesión para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal.
El proyecto AMBA I contempla una nueva estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires, además de sistemas de compensación y obras destinadas a conectar las nuevas instalaciones con las empresas distribuidoras. El trazado principal vinculará Atucha II, Plomer y Ezeiza.
Para incentivar la participación privada, el adjudicatario podrá solicitar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo esquema todavía se encuentra en proceso de estructuración.
También habrá un aporte inicial de unos US$ 100 millones por parte de Cammesa. La mitad será entregada en efectivo y el resto en bienes, principalmente transformadores. El dinero provendrá de la Cuenta de Exportaciones de la compañía, alimentada por los ingresos obtenidos de las ventas de electricidad a países vecinos.
El resto de la inversión será recuperado por el concesionario mediante los pagos vinculados al costo de la energía que Cammesa traslada al sistema tarifario. La mayor parte del costo recaerá sobre los usuarios del AMBA y de la provincia de Buenos Aires, mientras que una proporción menor será distribuida entre consumidores del resto del país debido al impacto de la obra sobre la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión.
El repago será progresivo: la empresa comenzará a recuperar su inversión a medida que complete los distintos tramos del proyecto. Según el Gobierno, este mecanismo permitirá evitar un traslado brusco del costo a las tarifas.
AMBA I será además la primera obra ejecutada bajo el nuevo esquema de concesión de obra pública para el transporte eléctrico, mediante el cual el sector privado asumirá la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones.
La necesidad de ampliar la red responde al desfasaje entre el crecimiento de la demanda y la infraestructura disponible. En la última década, el consumo residencial aumentó alrededor de 20%, mientras que la extensión de las líneas de transmisión de alta tensión creció apenas 8%.
Con la obra, el Gobierno busca resolver uno de los principales cuellos de botella del sistema eléctrico y, al mismo tiempo, atraer capital privado para financiar infraestructura considerada estratégica.
