El Fondo de Asistencia Laboral comenzará en noviembre y movilizará unos US$ 5.000 millones
El nuevo esquema creado por la Ley de Modernización Laboral permitirá a las empresas acumular recursos para afrontar indemnizaciones y juicios laborales. La administración estará bajo supervisión de la CNV.
El Gobierno puso en marcha la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo destinado a ayudar a las empresas a afrontar indemnizaciones por despidos y eventuales juicios laborales. El sistema comenzará a funcionar en noviembre y, según las estimaciones oficiales, podría generar un flujo cercano a los US$ 5.000 millones.
La implementación avanzó con dos resoluciones. Una fue emitida por el Ministerio de Economía y establece los instrumentos financieros en los que podrán invertirse los recursos. La otra corresponde a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que fijó las condiciones operativas para la creación y administración de los fondos.
El FAL fue creado por la Ley de Modernización Laboral y no reemplazará las indemnizaciones establecidas por la legislación vigente. Su función será generar un fondo de previsión que se financia mensualmente y que podrá utilizarse exclusivamente para cubrir indemnizaciones o gastos derivados de litigios laborales.
El esquema alcanzará aproximadamente a 5,8 millones de trabajadores asalariados del sector privado. Quedarán fuera del sistema los empleados públicos y los trabajadores de casas particulares.
La adhesión será obligatoria para los empleadores. Las grandes empresas deberán aportar una alícuota equivalente al 1% de la masa salarial sujeta a contribuciones, mientras que para las pequeñas y medianas empresas la tasa será del 2,5%. Según el Gobierno, el mecanismo no representará un incremento neto de la carga patronal, ya que los recursos serán derivados de las contribuciones destinadas actualmente al SIPA.
Cada empresa contará con una cuenta individual y una cuenta comitente identificada mediante un “ID FAL”. Esos fondos estarán separados del patrimonio general del empleador y tendrán protección frente a eventuales embargos.
El sistema también contempla beneficios fiscales. Los aportes podrán deducirse del Impuesto a las Ganancias desde el momento de su integración, mientras que las rentas generadas por las inversiones tendrán el mismo tratamiento. Las operaciones vinculadas al fondo tampoco estarán alcanzadas por el impuesto al cheque.
La normativa establece además cómo podrán invertirse los recursos. El dinero deberá colocarse en instrumentos en pesos emitidos en Argentina. Los fondos podrán adquirir títulos públicos nacionales sin límite de suscripción, bonos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires con calificación AAA y obligaciones negociables de empresas con doble calificación máxima, hasta el 20% de la cartera.
También podrán utilizarse plazos fijos, con un máximo del 15% por entidad bancaria, mientras que los instrumentos vinculados al dólar tendrán un límite del 10%.
Los administradores deberán conservar al menos otro 10% en activos de disponibilidad inmediata para garantizar liquidez frente a eventuales despidos o litigios.
La CNV habilitó dos vehículos para canalizar los aportes: Fondos Comunes de Inversión abiertos y Fideicomisos Financieros. Las grandes compañías podrán constituir fondos exclusivos, mientras que las PyMEs utilizarán fondos multiempresa.
Para facilitar la incorporación de pequeños empleadores, la CNV y ARCA implementarán un sistema de asignación automática y rotativa de administradoras habilitadas. El objetivo es que el nuevo mecanismo pueda comenzar a operar en noviembre sin generar trámites adicionales para las empresas.
