Milei financiará el reequipamiento militar con venta de inmuebles y privatizaciones y crecen las críticas al esquema
El Gobierno oficializó un DNU que redefine el financiamiento de la Defensa y lo vincula a ingresos variables, lo que genera cuestionamientos por su falta de previsibilidad y su posible impacto en el sistema vigente.
El Ejecutivo dispuso mediante el decreto 314/2026 la implementación del “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, que establece un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas basado en la venta de inmuebles estatales y privatizaciones de empresas públicas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y ya genera debate político e institucional.
El plan prevé que un porcentaje de los ingresos por la venta o administración de bienes del Estado se destine al área de Defensa, con una escala que varía según el origen de los activos. También incorpora una porción de los fondos obtenidos por privatizaciones, lo que introduce una lógica de financiamiento no permanente para inversiones militares.
Desde el Gobierno argumentan que la decisión busca acelerar la recuperación de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en un contexto de bajo presupuesto histórico del sector. Sin embargo, especialistas y fuentes militares advierten que el esquema depende de ingresos inciertos, lo que dificulta la planificación de largo plazo.
Uno de los puntos más cuestionados es la coexistencia con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por ley para garantizar estabilidad en la inversión militar. Según las críticas, el nuevo mecanismo podría debilitar ese fondo al superponer canales de financiamiento y reducir su previsibilidad.
El decreto también abre interrogantes sobre la ejecución efectiva de los recursos, en un contexto donde experiencias previas mostraron desvíos o reasignaciones de fondos originalmente destinados a reequipamiento.
En paralelo, el plan incluye la compra y modernización de distintos sistemas de armas y equipamiento, aunque su implementación queda condicionada a la disponibilidad real de recursos provenientes de activos estatales y privatizaciones.
El uso de un DNU en un área sensible como la Defensa y la dependencia de ingresos extraordinarios colocan al esquema en el centro del debate político, mientras el Congreso deberá definir su validación o rechazo.
