La Justicia ordena una batería de medidas para investigar el patrimonio de Chiqui Tapia

El juez federal Ariel Lijo dispuso 20 medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del presidente de la AFA. Ordenó levantar sus secretos fiscal y bancario y pidió información sobre cuentas, propiedades, vehículos y sociedades.

La Justicia comenzó a profundizar la investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito vinculado con su desempeño como funcionario de la CEAMSE. El juez federal Ariel Lijo ordenó 20 medidas de prueba para determinar la situación patrimonial, económica y financiera del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre las primeras decisiones, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal y bancario de Tapia y solicitó información a distintos organismos públicos sobre sus cuentas, depósitos, propiedades, vehículos, sociedades y otros activos. También pidió datos a organismos vinculados con operaciones financieras y patrimoniales y ordenó un exhorto internacional a la Conmebol, entidad de la que Tapia es vicepresidente.

La investigación se inició la semana pasada, cuando el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al dirigente y pidió avanzar con medidas de prueba. La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que el patrimonio de Tapia aumentó un 1.000% desde su llegada a la CEAMSE y planteó que ese incremento no podría justificarse con sus ingresos.

Según la denuncia, Tapia percibe ingresos anuales de $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y de $718.536.500 como vicepresidente de la Conmebol. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.

Lijo solicitó a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas presentadas por Tapia y sus anexos reservados. También requirió a la CEAMSE su legajo personal y el detalle de los ingresos percibidos.

Migraciones deberá informar sus movimientos de entrada y salida del país; ANSeS, sus antecedentes laborales; y ARCA, su información fiscal, financiera y patrimonial. El BCRA deberá recopilar datos sobre cuentas y activos.

Además, fueron requeridos informes a la Caja de Valores, la CNV, registros de automotores, inmuebles, buques y aeronaves, compañías de tarjetas y criptomonedas y la UIF. La fiscalía prevé elaborar luego un informe patrimonial integral con los resultados obtenidos.

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