El proyecto sobre Malvinas también contempla facultades para derribar aviones
La iniciativa de “Soberanía Nacional” que prepara el Gobierno endurece las sanciones contra empresas que operen en las Islas y crea un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones para determinar amenazas aéreas y disponer medidas de neutralización.
El Gobierno avanza con el proyecto de ley denominado “Soberanía Nacional”, que además de endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con actividades en las Islas Malvinas, incorporará disposiciones relacionadas con la seguridad aérea y la posibilidad de derribar aeronaves consideradas una amenaza.
La iniciativa, que será enviada a la Cámara de Diputados, es supervisada por la Secretaría Legal y Técnica y busca impedir que compañías que operen en las Islas desarrollen actividades vinculadas con hidrocarburos en la plataforma marítima argentina. El proyecto también contempla sanciones para empresas pesqueras y mineras que desarrollen actividades bajo autorizaciones de la administración isleña.
El texto prevé además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado por representantes de la Cancillería, la SIDE y los ministerios de Defensa y Economía. Ese organismo tendría entre sus funciones la identificación de eventuales amenazas y mayores atribuciones del Poder Ejecutivo para actuar frente a aeronaves consideradas riesgosas.
Aunque esta parte de la iniciativa está más vinculada con la lucha contra el narcotráfico, quedaría incorporada al mismo proyecto. El antecedente es el protocolo de seguridad aérea establecido durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016, cuya vigencia fue mantenida y modificada durante la gestión de Alberto Fernández.
En paralelo, el Gobierno busca establecer sanciones económicas para compañías que mantengan operaciones en las Islas. La medida generó preocupación por su posible impacto sobre inversiones en la Argentina, especialmente en el sector energético. El ministro de Economía, Luis Caputo, siguió de cerca la redacción de la iniciativa ante la posibilidad de que empresas con intereses en ambos territorios revisaran sus planes.
La propuesta establece un esquema progresivo: compañías internacionales que hayan operado en Malvinas podrían quedar habilitadas para trabajar en la Argentina si abandonan previamente sus actividades en las Islas.
La discusión ocurre mientras avanza una denuncia penal contra representantes de empresas pesqueras internacionales que operan en el Mar Argentino con autorización isleña. El proyecto será enviado al Congreso en las próximas horas, en un contexto en el que el oficialismo también busca avanzar con el Presupuesto y la reforma electoral.
