El recorte de fondos a las provincias complica la negociación del Gobierno con los gobernadores
Mientras Diego Santilli busca acuerdos para avanzar con la eliminación de las PASO y la reforma electoral, las transferencias nacionales a los distritos sufrieron una fuerte caída durante el primer semestre. Los gobernadores reclaman recursos, obras y asistencia financiera.
El Gobierno nacional enfrenta una nueva dificultad en su estrategia para conseguir apoyo político de los gobernadores: la fuerte reducción de fondos enviados a las provincias durante el primer semestre del año. La caída de las transferencias no automáticas, sumada a la ausencia de nuevos giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en junio, complica las negociaciones de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales.
Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores dialoguistas para avanzar con la reforma electoral y la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los recursos enviados por Nación muestran una de las mayores bajas de los últimos años.
Según datos oficiales analizados por la consultora Politikon Chaco, las transferencias no automáticas registraron una caída real interanual del 61,8% durante el primer semestre. Se trata del segundo peor registro desde al menos 2005, solo por encima del período correspondiente al inicio de la gestión de Javier Milei en 2024.
En junio, los fondos no automáticos girados a las provincias alcanzaron apenas los $48.300 millones, lo que representa una disminución real del 87,7% respecto del mismo mes del año anterior. De acuerdo con los registros, fue el peor junio desde 2005.
Las transferencias automáticas, vinculadas principalmente a la coparticipación, también tuvieron una baja, aunque menor. Durante los primeros seis meses del año disminuyeron un 2,8% real interanual. Todas las provincias recibieron menos recursos, aunque Catamarca y Buenos Aires tuvieron las reducciones más moderadas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró la mayor caída.
El recorte ocurre en un momento clave para el oficialismo, que necesita respaldo de los gobernadores para impulsar cambios electorales en el Congreso. La eliminación de las PASO es una de las principales prioridades del Gobierno, que considera que la medida podría favorecer sus chances electorales de cara a una eventual reelección de Milei.
En las conversaciones con los mandatarios provinciales también aparece la posibilidad de habilitar listas colectoras, un mecanismo utilizado en algunos distritos y cuestionado por sectores opositores por sus efectos sobre la competencia electoral.
Sin embargo, los gobernadores mantienen una larga lista de reclamos hacia la Nación. Entre ellos figuran la reactivación de obras públicas paralizadas, especialmente rutas, el envío de fondos pendientes, autorizaciones para tomar créditos internacionales y recursos específicos destinados a salud y al PAMI.
Otro punto de tensión son los Aportes del Tesoro Nacional. En junio no hubo nuevos desembolsos y durante el primer semestre se distribuyeron $121.000 millones por esta vía, equivalente al 19% del total de transferencias no automáticas pagadas en el período.
Los principales receptores de ATN fueron Misiones, Mendoza y Corrientes, seguidas por Neuquén, Salta, San Juan, Chaco y Entre Ríos. Varios de estos distritos cuentan con legisladores que suelen acompañar iniciativas impulsadas por el oficialismo nacional.
Desde el Gobierno explican que los recortes están vinculados a la política de ajuste y a modificaciones presupuestarias que redujeron partidas destinadas a la relación con las provincias. Una decisión administrativa aplicada en mayo implicó una reducción significativa en programas bajo la órbita del Ministerio del Interior.
La caída de recursos aumenta la dificultad de la Casa Rosada para sostener acuerdos políticos con los gobernadores. Aunque algunos mandatarios lograron avances puntuales, como obras financiadas mediante créditos internacionales o pedidos específicos atendidos por Nación, la discusión central sigue vinculada al financiamiento.
Para los gobernadores, el respaldo legislativo al Gobierno no depende únicamente de coincidencias políticas, sino también de la capacidad de Nación para garantizar recursos y responder a las necesidades de cada provincia.
