El oficialismo busca acelerar en el Congreso la aprobación de la nueva Ley de Inocencia Fiscal
El Gobierno pretende que la Cámara de Diputados trate el proyecto durante agosto, luego de los cambios anunciados por el Ministerio de Economía. La iniciativa genera cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.
El Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia legislativa para avanzar con la denominada Ley de Inocencia Fiscal y pretende que el proyecto sea debatido y aprobado por la Cámara de Diputados durante el mes de agosto. La iniciativa incorpora modificaciones al régimen sancionado en diciembre pasado y forma parte del paquete de medidas impulsado por el Ministerio de Economía.
El ministro Luis Caputo presentó esta semana los principales cambios que el Ejecutivo busca introducir en la normativa, con el objetivo de brindar mayores garantías jurídicas a contribuyentes y fortalecer el esquema de exteriorización de activos promovido por la administración nacional.
Desde el oficialismo consideran que la reforma permitirá otorgar mayor previsibilidad al sistema tributario y facilitar la incorporación de capitales que actualmente permanecen fuera del circuito formal de la economía.
Sin embargo, la propuesta despertó cuestionamientos por parte de bloques opositores, especialmente de los sectores más críticos del Gobierno, que sostienen que algunos cambios podrían flexibilizar controles sobre el origen de determinados fondos o debilitar herramientas de fiscalización.
La discusión parlamentaria se perfila como uno de los principales debates económicos de las próximas semanas, ya que el oficialismo intentará reunir los apoyos necesarios para sancionar la norma antes de que finalice agosto.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía mantiene conversaciones con legisladores de distintos espacios para explicar el alcance de las modificaciones y defender la necesidad de avanzar con la reforma.
La iniciativa se enmarca en la estrategia oficial de incentivar el ingreso de capitales, ampliar la formalización de la economía y generar un marco legal que otorgue mayor seguridad a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.
