Buenos Aires amplía las restricciones a los celulares en las escuelas, pero falta reglamentar la ley
La Legislatura bonaerense aprobó extender la limitación del uso de dispositivos móviles al nivel secundario, que alcanza a 1,4 millones de estudiantes. La medida todavía no puede aplicarse y profundiza las diferencias entre el gobierno de Axel Kicillof y La Cámpora por la regulación de la tecnología en las aulas.
La provincia de Buenos Aires avanzó con una nueva regulación sobre el uso de celulares en las escuelas secundarias públicas y privadas. La Legislatura aprobó una norma que restringe la utilización de teléfonos y otros dispositivos con pantallas durante las clases, aunque su implementación dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo y de las disposiciones que establezca la Dirección General de Cultura y Educación.
La medida alcanzará a unos 1,4 millones de estudiantes distribuidos en aproximadamente 4.040 establecimientos educativos. La iniciativa contempla excepciones cuando los dispositivos sean necesarios para actividades pedagógicas, estén contemplados en los programas de estudio o exista una autorización específica de las autoridades escolares o docentes.
Sin embargo, la falta de reglamentación mantiene en suspenso su aplicación general. El antecedente es una ley aprobada en diciembre de 2025 para regular el uso de celulares en los niveles inicial y primario, que tampoco había sido implementada al momento de la nueva votación. Esa normativa comprende a unos 2,1 millones de alumnos en más de 10.400 establecimientos.
La demora abrió un nuevo frente de discusión dentro del oficialismo bonaerense. El senador Emmanuel González Santalla, de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, reclamó públicamente al gobernador Axel Kicillof y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, que pongan en marcha las disposiciones pendientes.
El legislador defendió la regulación por su impacto en la salud física y emocional de los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. También cuestionó que los docentes deban afrontar conflictos con alumnos y familias sin contar con criterios generales definidos por las autoridades educativas.
La nueva ley, impulsada por el diputado Martín Rozas, de Unión y Libertad, incorpora el concepto de uso responsable de las pantallas y establece que la autoridad educativa deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para garantizar su cumplimiento.
Desde el gobierno provincial, en cambio, expresaron reparos ante las prohibiciones generales. Durante el debate sobre las restricciones en primaria, fuentes educativas sostuvieron que limitar los dispositivos no necesariamente constituye la mejor respuesta.
El sector de la educación privada también planteó objeciones. Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, defendió la autonomía de cada institución para decidir cómo incorporar los celulares a sus proyectos pedagógicos, aunque reclamó respaldo legal y herramientas claras para hacer cumplir las decisiones escolares.
La discusión se desarrolla mientras otras jurisdicciones, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, avanzaron con restricciones similares. En territorio bonaerense, el desafío inmediato será definir cómo se aplicará la normativa y qué excepciones se admitirán en las aulas.
