Kicillof impulsa una avanzada contra las apps y busca reconocer como empleados a repartidores y choferes
Diputados cercanos al gobernador bonaerense presentaron un proyecto para que los trabajadores de plataformas digitales sean considerados empleados en relación de dependencia. La iniciativa choca de frente con la reforma laboral impulsada por Javier Milei y genera alarma entre empresas del sector.
La discusión sobre el futuro laboral de repartidores y choferes de aplicaciones volvió a instalarse en la agenda política argentina. Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que busca reconocer como trabajadores en relación de dependencia a quienes prestan servicios para plataformas digitales como Rappi, PedidosYa, Uber, Cabify y Didi.
La iniciativa cuenta con el respaldo político de Axel Kicillof y fue impulsada por el diputado Hugo Moyano (hijo), abogado laboralista e integrante del espacio sindical ligado al líder camionero Hugo Moyano. El texto propone crear un régimen especial que garantice salario mínimo, límites de jornada, derecho a desconexión y obligaciones específicas para las empresas tecnológicas, incluyendo transparencia en los algoritmos que organizan los pedidos y viajes.
El proyecto representa una posición completamente opuesta a la reforma laboral sancionada este año por el oficialismo libertario, que considera a los trabajadores de plataformas como prestadores independientes y no como empleados formales. Desde el entorno de Kicillof sostienen que el crecimiento del trabajo por aplicaciones exige nuevas regulaciones para evitar precarización y garantizar derechos básicos.
La propuesta se apoya además en un reciente fallo de la Suprema Corte bonaerense que ratificó una multa contra Rappi y avaló el criterio de que los repartidores pueden ser considerados trabajadores dependientes. Aunque la sentencia no modifica automáticamente la situación legal de todas las plataformas, especialistas coinciden en que marca un antecedente importante para futuras demandas laborales.
El debate genera fuerte preocupación entre las empresas tecnológicas, que observan con atención la experiencia internacional. En España, la llamada “Ley Rider” obligó a reconocer laboralmente a repartidores, aunque derivó en conflictos judiciales, cambios de contratación y hasta la salida de algunas compañías del mercado.
Según estimaciones citadas en el proyecto, entre 800 mil y un millón de personas trabajan actualmente en plataformas digitales en Argentina. Por eso, la discusión excede el plano sindical y comienza a convertirse en uno de los grandes debates económicos y laborales del país.
