El Gobierno recorta subsidios de zona fría y golpea fuerte a Buenos Aires
El proyecto de Milei busca reducir el costo fiscal del régimen y limitar los beneficios plenos a regiones con climas extremos, afectando a millones de usuarios.
El gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma clave en el esquema de subsidios energéticos: propone recortar el alcance del régimen de zona fría, un sistema que hoy beneficia a más de 4 millones de hogares con descuentos en las tarifas de gas. La iniciativa, enviada al Congreso, apunta a concentrar el beneficio pleno en regiones con condiciones climáticas más severas, como la Patagonia y zonas específicas del norte del país.
El impacto político y social de la medida es significativo, especialmente en la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof, donde se concentra cerca de un tercio de los usuarios alcanzados por el régimen. Ciudades del interior bonaerense y de la Costa Atlántica, que habían sido incorporadas en la ampliación de 2021, podrían perder los descuentos automáticos que hoy llegan hasta el 50% en la factura.
El nuevo esquema redefine los criterios de acceso. En las zonas que queden fuera del beneficio pleno, solo mantendrán subsidios quienes cumplan condiciones de vulnerabilidad económica dentro del sistema de segmentación vigente. Además, el descuento dejará de aplicarse sobre el total de la factura y pasará a calcularse únicamente sobre el precio del gas, excluyendo transporte, distribución e impuestos, lo que reduce el alivio real para los usuarios.
Desde el oficialismo argumentan que la medida responde a la necesidad de bajar el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético. También buscan focalizar la asistencia en hogares que realmente la necesitan, en línea con la política de subsidios más segmentados.
El régimen de zona fría había sido ampliado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, incorporando a millones de usuarios fuera de la Patagonia. Esa expansión ahora queda bajo revisión, en un contexto donde el Ejecutivo prioriza la reducción del gasto público.
En términos prácticos, el cambio implicará un aumento en las facturas de gas para amplios sectores del país, especialmente en provincias del centro. El debate legislativo definirá el alcance final de la reforma, pero el eje ya está planteado: menor cobertura, mayor focalización y un ajuste directo sobre el bolsillo de los usuarios.
