El Gobierno impulsa un canje de deudas millonarias con Edenor y Edesur
El proyecto de ley busca compensar reclamos cruzados entre el Estado y las distribuidoras eléctricas, en medio de tensiones por tarifas y financiamiento del sistema.
El gobierno de Javier Milei volvió a poner sobre la mesa una medida polémica en el sector energético: un esquema de compensación de deudas cruzadas entre el Estado nacional y las principales distribuidoras eléctricas del país, Edenor y Edesur. La iniciativa forma parte de un nuevo proyecto de ley enviado al Congreso, que retoma un punto que había sido excluido del Presupuesto 2026 para facilitar su aprobación.
El eje del planteo es claro: las empresas reclaman unos 3.200 millones de dólares por ingresos que aseguran no haber percibido durante años de congelamiento tarifario y regulaciones de emergencia. Del otro lado, mantienen deudas por aproximadamente 1.100 millones de dólares con Cammesa, derivadas de la compra de energía que no pudieron pagar en ese mismo contexto.
El mecanismo propuesto busca saldar estas diferencias mediante un acuerdo integral. El Estado reconocería parcialmente los llamados “activos regulatorios” que reclaman las compañías, mientras que estas aceptarían desistir de juicios y reclamos administrativos presentes y futuros. En la práctica, implicaría una suerte de “borrón y cuenta nueva” que ordenaría los balances tanto del sector público como del privado.
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a normalizar el funcionamiento del sistema eléctrico y mejorar las condiciones para futuras inversiones. Sin embargo, el esquema ya generó resistencias políticas, incluso entre aliados, por el impacto fiscal potencial y el precedente que podría sentar en otros sectores regulados.
El proyecto también incluye otros puntos relevantes, como la extensión de la estabilidad fiscal para las energías renovables hasta 2045, en línea con la estrategia oficial de atraer inversiones de largo plazo en generación eléctrica.
En términos económicos, la clave estará en cómo se instrumente la compensación y qué nivel de reconocimiento efectivo tendrán las deudas. En términos políticos, el debate girará en torno a si se trata de una solución técnica para ordenar el sistema o de un beneficio significativo para las empresas concesionarias.
