La AFA busca regularizar sus balances para mudar la sede a Pilar y reducir controles
Tras cuestionar a la IGJ, la Asociación del Fútbol Argentino presentó documentación por un fuerte aumento de gastos en 2024. El movimiento apunta a destrabar el traslado de su sede a la provincia de Buenos Aires.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un giro en su estrategia frente a la Inspección General de Justicia (IGJ). Luego de haber rechazado públicamente la autoridad del organismo nacional para fiscalizar sus balances, la entidad que presiden Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino presentó documentación para justificar un millonario incremento de gastos registrado en 2024. El cambio de actitud aparece como un paso clave para avanzar con la mudanza de su sede desde la Ciudad de Buenos Aires al partido bonaerense de Pilar.
Según la IGJ, los balances de la AFA mostraban inconsistencias significativas, con gastos que superarían los 400 millones de dólares, de los cuales cerca de 100 millones correspondientes al ejercicio 2024 requerían explicaciones puntuales. Pese a haber sostenido días antes que la fiscalización correspondía exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, la AFA terminó presentándose ante el organismo nacional para responder a los requerimientos.
El trasfondo del conflicto es el cambio de jurisdicción. En Pilar, donde la AFA asegura haber fijado su nueva sede, apenas existe un predio con un cartel que anuncia el traslado. Sin embargo, el distrito concentra vínculos políticos y judiciales clave para la conducción del fútbol argentino, lo que alimenta la interpretación de que el objetivo es operar bajo un esquema de controles menos estrictos.
La IGJ sostiene que no se opone al traslado, pero remarca que la mudanza no puede aprobarse hasta que se regularice toda la documentación pendiente. Mientras tanto, el organismo analiza la información presentada recientemente y no descarta exigir nuevas aclaraciones sobre los gastos observados.
Desde la AFA, en cambio, argumentan que el proceso ya fue validado a nivel provincial y recurrieron a la Justicia para avanzar. En ese escenario, el reordenamiento administrativo aparece como una condición indispensable para concretar el cambio de sede y cerrar un frente de conflicto que expuso, una vez más, la tensión entre el poder del fútbol y los organismos de control del Estado.
