Mueren 31 presos durante el motín en una cárcel de Ecuador
La tragedia en el penal de Machala, atribuida al traslado de reclusos a una prisión de máxima seguridad, reaviva la crisis carcelaria ecuatoriana.
El motín registrado en la cárcel de Machala, al suroeste de Ecuador, dejó un saldo de 31 internos muertos y más de 30 heridos, la mayoría por asfixia. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y fue atribuido por el gobierno de Daniel Noboa al traslado de presos peligrosos hacia una nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), los disturbios comenzaron alrededor de las tres de la mañana, cuando se escucharon disparos y explosiones desde el interior del penal. Equipos tácticos de la policía ingresaron poco después y retomaron el control del establecimiento, deteniendo a siete personas que serán judicializadas.
Las autoridades informaron que 27 de las muertes se produjeron por asfixia, mientras que el resto se debió a heridas provocadas durante los enfrentamientos. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la violencia fue protagonizada por las bandas criminales Sao Box y Los Lobos, antiguas aliadas, que se enfrentaron por el control interno del penal tras el traslado de líderes a Santa Elena.
El suceso se suma a una larga serie de episodios violentos en el sistema penitenciario ecuatoriano, donde más de 500 reclusos han muerto desde 2021 en conflictos vinculados al narcotráfico. Pese a que las fuerzas armadas asumieron el control de las cárceles en 2024, la situación continúa fuera de control: en agosto, ocho penales —incluido Machala— fueron devueltos a la policía.
Los familiares de los internos denunciaron que no tenían noticias de sus parientes desde hacía meses y reclamaron informes oficiales sobre las causas de los fallecimientos. En tanto, el portal Primicias informó que “los primeros indicios apuntan a muertes por asfixia”, aunque aún restan los resultados forenses.
La nueva masacre carcelaria reabre el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad del presidente Noboa y pone en evidencia la persistente crisis estructural del sistema penitenciario ecuatoriano.
