Justicia confirma que es delito usar deepfakes en campañas

La Justicia ratificó que es delito usar videos falsos en campaña. Confirmaron el procesamiento de una publicista por difundir deepfakes contra Mario Negri.
Procesamiento confirmado por uso de videos manipulados
La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de María Victoria Villaver, empleada de una agencia de publicidad, por difundir videos falsos contra Mario Negri en 2021. El caso sienta precedente sobre el uso de deepfakes en campañas políticas.
Deepfakes y manipulación electoral
Villaver subió dos videos a Facebook que simulaban declaraciones de Negri, entonces precandidato a senador por Córdoba. Utilizando técnicas de edición de audio e imagen, se falsificó su voz para implicarlo en el uso indebido de fondos públicos. La acusada enfrenta una posible pena de entre dos meses y dos años de prisión.
Detalles de los videos y su difusión
Los videos manipulaban entrevistas reales de periodistas y otros legisladores, creando un montaje con la voz y rostro de Negri. En uno, se lo acusaba de financiar su campaña con sueldos retenidos a empleados. En el otro, un texto lo vinculaba con décadas de privilegios políticos y nepotismo. Ambos videos fueron difundidos en la página de Facebook “Primero Córdoba”.
La investigación judicial y el impacto en redes
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó a Villaver en 2024. La Cámara Nacional Electoral —conformada por Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía— ratificó el fallo y calificó el hecho como “violencia electoral” y “distorsión del debate público”. Destacaron el rol amplificador de las redes sociales en este tipo de acciones.
Estrategias digitales y responsabilidad penal
Facebook identificó a Villaver como responsable de los posteos. Las publicaciones se hicieron desde el domicilio de su madre. Un video alcanzó hasta 450.000 visualizaciones con un costo de $85.730; el otro, hasta 400.000 impresiones por $90.671. La defensa señaló que ella operaba bajo órdenes de la agencia Ignis M&C SA para un cliente llamado P&P Social Media SRL.
La Justicia insta a seguir investigando
Los jueces pidieron profundizar la investigación para determinar quiénes contrataron los anuncios. Señalaron que las redes sociales permiten “mensajes de odio e intimidación” con cuentas falsas y bots, lo que plantea nuevos desafíos para la integridad electoral.
“La gravedad de los eventos denunciados exige que se continúe con la pesquisa a fin de alcanzar los máximos estándares de verdad”, concluyó la Cámara.