Un juez federal de La Pampa enfrenta un juicio político por denuncias de maltrato y abuso de poder
Pablo Díaz Lacava fue suspendido por el Consejo de la Magistratura luego de las denuncias de empleados y secretarios de su tribunal. La Fiscalía sostuvo que existía un clima de temor y hostigamiento y anticipó que pedirá su destitución.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación comenzó el juicio político contra Pablo Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, acusado de mal desempeño de sus funciones a partir de una serie de denuncias por amenazas, hostigamiento y situaciones de violencia contra empleados y secretarios del tribunal.
Durante la primera audiencia, los fiscales Diego Barroetaveña y Álvaro González anticiparon que solicitarán la destitución del magistrado. Según plantearon, el caso no puede ser considerado simplemente como un conflicto laboral ni como una diferencia relacionada con el estilo de conducción de un juez.
Barroetaveña sostuvo que los hechos denunciados muestran un presunto ejercicio abusivo del poder dentro del ámbito judicial. De acuerdo con la acusación, los empleados habrían trabajado durante un período prolongado bajo un clima de temor generado por las reacciones del magistrado.
Entre las situaciones descriptas aparecen gritos, descalificaciones, ataques de ira, golpes contra escritorios, interrogatorios a empleados, amenazas de sanciones y conductas consideradas persecutorias. Algunos trabajadores incluso debieron tomar licencias médicas como consecuencia de las situaciones denunciadas.
El fiscal resumió el escenario señalado por los trabajadores como “un verdadero infierno” y sostuvo que existía una permanente incertidumbre entre los empleados frente a posibles reacciones del juez.
Uno de los episodios más llamativos de la acusación fue el lanzamiento de una piedra contra una de las ventanas del tribunal. Díaz Lacava reconoció anteriormente el hecho ante el Consejo de la Magistratura, aunque aseguró que estaba arrepentido y que se había tratado de una broma.
El magistrado fue suspendido en abril por el Consejo de la Magistratura y enviado a juicio político luego de las denuncias presentadas por trabajadores y funcionarios de su propio tribunal.
Díaz Lacava decidió no declarar durante la primera jornada. Frente al jurado explicó que quiere brindar su versión, pero que prefiere hacerlo después de escuchar a los testigos y conocer la prueba que se produzca durante el proceso.
Su abogado defensor, Andrés Gil Domínguez, rechazó las acusaciones y cuestionó que los daños denunciados hayan sido acreditados. También relativizó el episodio de la piedra y destacó la trayectoria profesional del juez.
El juicio político determinará exclusivamente si Díaz Lacava debe continuar o ser removido de su cargo. En paralelo, el magistrado enfrenta una causa penal que ya fue elevada a juicio oral por distintos hechos, entre ellos amenazas, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia judicial y retardo de justicia.
En ese expediente tiene prohibido ingresar al tribunal y mantener contacto con los empleados.
Con el inicio de las declaraciones testimoniales, el proceso entró ahora en una etapa clave. La Fiscalía buscará demostrar que las conductas denunciadas no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón incompatible con el ejercicio de la función judicial.
