Presentan un pedido de jury contra el juez que absolvió a los acusados por el bloqueo a una pyme

El diputado bonaerense Manuel Passaglia denunció al magistrado Alejandro López por posibles fallas graves en la fundamentación jurídica de su fallo. El juez había absuelto al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis imputados por el bloqueo a Rey Distribución.

El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para que se investigue si el juez Alejandro López incurrió en mal desempeño al absolver al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados por el bloqueo a la empresa Rey Distribución, en San Pedro.

La presentación no busca revocar la sentencia, sino determinar si su fundamentación jurídica tuvo “fallas graves”. El fallo del integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás consideró acreditado que la protesta sindical impidió la salida de vehículos del establecimiento, pero concluyó que la conducta no constituía delito porque estaba amparada por el derecho de huelga.

El bloqueo se había extendido durante cinco días y la causa incluía acusaciones por turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión. López sostuvo que no se habían identificado actos de violencia, daños ni amenazas durante la medida.

Passaglia cuestionó que el magistrado hubiera desarrollado los motivos del conflicto laboral —entre ellos, diferencias salariales, problemas de seguridad e higiene y la situación de un delegado gremial— sin analizar con igual profundidad si la duración y el alcance de la protesta respetaron los límites del derecho invocado.

La denuncia apunta especialmente a un pasaje de la página 103 de la sentencia, de 110 páginas, en el que el juez abordó la tensión entre el derecho de huelga y el derecho de propiedad. Según el legislador, esa argumentación no explicó de manera suficiente por qué el bloqueo concreto quedaba dentro de los márgenes legales.

Se trata de la primera presentación contra el magistrado tras el fallo absolutorio. El planteo busca establecer si la fundamentación cumplió con el deber de justificar jurídicamente la decisión.

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