El Senado debatirá una reforma de Salud Mental que flexibiliza las internaciones involuntarias
El oficialismo consiguió dictamen para tratar el proyecto el 22 de octubre. La iniciativa reemplaza el requisito de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” y redefine la intervención de los profesionales. Psiquiatras respaldan algunos cambios, pero advierten sobre posibles internaciones preventivas excesivas.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental avanzó en el Senado luego de que La Libertad Avanza consiguiera la firma del dictamen de mayoría con el apoyo de bloques aliados. El proyecto será debatido el 22 de octubre y, si obtiene la aprobación, deberá pasar por la Cámara de Diputados.
El cambio central modifica las condiciones para las internaciones involuntarias. La legislación vigente exige que exista un “riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros. La propuesta lo reemplaza por una situación de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría intervenir sin esperar a que el peligro sea inmediato. La indicación deberá contar con la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, y otro profesional, preferentemente psicólogo, además de ser notificada a la Justicia.
El texto también extiende de 10 a 24 horas el plazo para informar a los jueces, exige una evaluación interdisciplinaria antes del alta e incorpora la ludopatía al abordaje de las adicciones. El acuerdo político mantuvo la prohibición de los manicomios establecida en 2010.
El psiquiatra Ricardo Corral considera que la modificación es necesaria para facilitar diagnósticos e intervenciones oportunas en cuadros graves. Oscar Abudara Bini, por su parte, destaca la recuperación del papel del médico en las decisiones de internación.
Desde otra perspectiva, Esteban Martínez, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, advierte que la nueva redacción podría incentivar internaciones “por las dudas” por temor a consecuencias legales. También señala que la red pública cuenta con pocas camas y cuestiona que se trasladen gastos a las provincias sin partidas presupuestarias suficientes.
La Federación de Psicólogos de la República Argentina y organizaciones de derechos humanos también expresaron reparos, entre ellos el riesgo de restringir el acceso a la atención en zonas con escasez de psiquiatras.
Los familiares de personas con cuadros graves respaldan la reforma y reclaman que se considere la historia clínica completa de cada paciente. El debate vuelve a poner en discusión la capacidad del sistema para responder a las crisis, la disponibilidad de profesionales y el financiamiento de la atención en salud mental.
