La Justicia pidió revisar las billeteras cripto de Adorni para comprobar el origen de sus ahorros
El fiscal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y busca verificar la titularidad de ocho direcciones de Bitcoin. También pidió reconstruir los ingresos y el patrimonio del exfuncionario y su esposa desde que alcanzaron la mayoría de edad.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba para avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Después de analizar las 78 páginas que presentó el exfuncionario para explicar la evolución de su patrimonio, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió verificar el origen de parte de los fondos mediante un peritaje técnico sobre las operaciones con criptomonedas que fueron declaradas.
Adorni sostuvo que una parte de sus ahorros, que alcanzaron los US$ 591.544,61, provino de operaciones con bitcoins realizadas entre 2014 y 2018. Según la explicación presentada por su defensa, esos activos fueron vendidos antes de que asumiera funciones públicas y permitieron justificar la existencia de dólares en efectivo que posteriormente fueron utilizados para distintos gastos.
La fiscalía busca ahora comprobar que las ocho direcciones de Bitcoin informadas efectivamente pertenecen al exfuncionario y que las operaciones registradas son compatibles con la explicación presentada. Para ello, Pollicita propuso un procedimiento en el que el abogado defensor, acompañado por un perito de parte, deberá presentarse con las claves y herramientas necesarias para firmar mensajes desde cada una de las direcciones.
Posteriormente, personal especializado de la Policía Federal realizará una verificación criptográfica para comprobar las firmas obtenidas y dejar constancia del resultado correspondiente a cada dirección.
Según el análisis realizado por la fiscalía, durante el período investigado la familia Adorni registró recursos considerados lícitos por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549 y constituye uno de los puntos que la investigación busca explicar.
Además de las operaciones con criptomonedas, Pollicita pidió reconstruir la situación económica del matrimonio desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad hasta fines de 2014, debido a que la defensa atribuyó parte del capital inicial a ahorros acumulados previamente.
Para avanzar con esa reconstrucción, solicitó a la ANSES información sobre la historia laboral, aportes, empleadores, remuneraciones y actividades como autónomos o monotributistas. También requirió a los registros de la propiedad de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires datos sobre inmuebles, compras, ventas, escrituras e impuestos. Finalmente, pidió información societaria a la IGJ y a organismos bonaerenses para determinar eventuales participaciones en sociedades, asociaciones o fundaciones.
