La Corte Suprema rechazó el pedido del Gobierno y dejó vigente la ley de financiamiento universitario
La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso presentado por el Gobierno para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y dejó firme la medida cautelar que obliga a avanzar con la implementación de la norma.
El máximo tribunal rechazó la apelación impulsada por el Estado Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reclama la actualización de salarios docentes y recursos para las universidades. La decisión fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El conflicto comenzó a partir de un amparo colectivo presentado por el sector universitario contra un decreto del Gobierno de Javier Milei que establecía que la distribución de partidas debía estar condicionada a la existencia de fondos disponibles.
Con el fallo de este jueves, la Corte determinó que la medida cautelar que permite la aplicación de la ley continúa vigente. Según explicaron los jueces, una resolución vinculada a una cautelar no tiene carácter de sentencia definitiva, por lo que no corresponde habilitar un recurso extraordinario como el presentado por la Casa Rosada.
La resolución se conoció luego del acuerdo alcanzado entre autoridades nacionales y representantes universitarios para avanzar con una transferencia de fondos destinada a mejorar los salarios docentes y cubrir gastos de funcionamiento. El entendimiento contempla un aumento salarial del 24,33% para los trabajadores de las universidades.
La decisión del máximo tribunal no implicó un fallo definitivo sobre la cuestión de fondo. La Corte tampoco avaló el reclamo completo del sector universitario, por lo que la causa seguirá su curso en primera instancia.
Ahora será el juez Martín Cormick quien deberá analizar el expediente y validar el acuerdo alcanzado recientemente entre las partes. De esta manera, el tribunal resolvió mantener la vigencia de la cautelar sin definir todavía la disputa central entre el Gobierno y las universidades.
