La Autoridad de la Competencia multó con $290 millones al Colegio Inmobiliario porteño
El organismo determinó que la entidad abusó de su posición dominante para obstaculizar el trabajo de corredores de REMAX. También ordenó el cese de las prácticas discriminatorias y recomendó revisar las barreras de acceso al sector.
La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) impuso una multa de $290.010.000 al Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CPI), al determinar que abusó de su posición dominante para dificultar el acceso y la permanencia de corredores de REMAX en el mercado.
La resolución, emitida el 9 de octubre, se originó en una denuncia presentada en 2021 por REMAX Argentina y corredores de su red, en el marco de un conflicto que lleva más de diez años. Según el organismo, el colegio utilizó de manera sistemática y discriminatoria sus facultades regulatorias y disciplinarias para obstaculizar la actividad de esos profesionales.
La ANC detectó un tratamiento desigual: el CPI sancionó a corredores de REMAX por determinadas conductas, pero no aplicó medidas similares a otros profesionales que habrían incurrido en comportamientos equivalentes ni a integrantes de su propio Tribunal de Disciplina. El organismo sostuvo que quienes ejercían esas facultades también competían comercialmente con los afectados, lo que habría favorecido un uso selectivo de las atribuciones en beneficio de sus propios intereses.
Además, la investigación acreditó trabas para matricular corredores y restricciones al acceso a servicios y herramientas institucionales necesarios para ejercer la actividad. La resolución ordenó al colegio poner fin a las prácticas anticompetitivas y discriminatorias.
La ANC también recomendó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al Gobierno porteño y a la Legislatura revisar las barreras de ingreso al sector y establecer controles sobre las facultades regulatorias y disciplinarias de los colegios profesionales.
Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay, calificó la decisión como un punto de inflexión y defendió la libertad de trabajo, la competencia y la innovación en el mercado inmobiliario.
