El PJ endurece la presión sobre los gobernadores por las PASO
La conducción peronista busca impedir que el oficialismo reúna los votos necesarios en el Senado para suspender o eliminar las primarias y apunta especialmente a mandatarios aliados de Javier Milei.
La disputa por el futuro de las PASO volvió a convertirse en uno de los principales frentes de conflicto entre el peronismo y el Gobierno. Tras la cumbre realizada la semana pasada en un hotel de Retiro, la dirigencia opositora acordó intensificar la presión sobre los gobernadores y los senadores que responden a ellos para impedir que la Casa Rosada consiga los votos necesarios para avanzar con su reforma electoral.
Para modificar el régimen electoral, el oficialismo necesita alcanzar una mayoría de 37 votos en el Senado. Según las conversaciones que mantienen los referentes peronistas con legisladores de fuerzas provinciales, por ahora el Gobierno no lograría reunir ese número para eliminar o suspender las PASO y modificar el sistema de financiamiento de los partidos.
“Esto trasciende las PASO. Muchachos, ¿van a jugar con nosotros o no?”, fue uno de los planteos transmitidos durante la reunión de Retiro. La advertencia fue acompañada por la posibilidad de competir electoralmente en las provincias de aquellos mandatarios que decidan respaldar al oficialismo.
La atención del peronismo está puesta especialmente sobre Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, gobernadores de Catamarca, Salta y Tucumán. En el caso de Jalil, la estrategia podría apuntar a bloquear una eventual candidatura al Senado si Gustavo Saadi es finalmente el candidato a gobernador. En Tucumán, la presión podría favorecer un eventual desafío de Juan Manzur a Jaldo. En Salta, en tanto, el peronismo amenaza con recurrir a la Corte Suprema para cuestionar una posible nueva candidatura de Sáenz.
La situación de Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, es diferente debido a su enfrentamiento con Carlos Rovira. El peronismo anticipó que respaldaría al mandatario provincial por considerar que mantiene una postura más opositora.
Por ahora, las advertencias funcionan como mecanismo de presión. El objetivo central es exhibir la eventual “sumisión” de los gobernadores al Gobierno y evitar que sus legisladores acompañen la reforma electoral.
