El Gobierno defiende la “Ley Malvinas” y propone una Bicameral para controlar la política de seguridad nacional

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, rechazó dividir el proyecto como reclama la oposición y adelantó que el Ejecutivo analiza incorporar una comisión bicameral de seguimiento. También aceptó revisar el artículo que genera críticas por su impacto sobre la libertad de expresión.

El Gobierno defendió en Diputados el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional y rechazó la posibilidad de dividirlo en distintos textos, una alternativa planteada por sectores de la oposición para facilitar su tratamiento. Durante el plenario de comisiones, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, sostuvo que el primer título de la iniciativa no puede ser tratado de manera independiente del resto.

La funcionaria explicó que, además de establecer sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas sobre recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina, el proyecto busca otorgar al Estado herramientas vinculadas con la defensa del territorio y las relaciones diplomáticas.

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente. Ibarzabal Murphy defendió su funcionamiento y negó que implique una delegación de facultades del Congreso. Según explicó, el nuevo organismo coordinaría a las instituciones existentes bajo un mismo lineamiento.

Para reforzar el vínculo con el Poder Legislativo, la funcionaria adelantó que el Ejecutivo evalúa incorporar una comisión bicameral de seguimiento de seguridad nacional. Ese organismo podría solicitar información y tendría como objetivo mantener una comunicación permanente con el Gobierno.

Durante el debate, la funcionaria también se mostró dispuesta a revisar el artículo 111, que establece penas de entre cinco y doce años para quienes, financiados o respaldados por actores extranjeros, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje.

La oposición cuestiona además la concentración de facultades, el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y los alcances de la propuesta. Desde distintos bloques reclamaron la presencia del canciller Quirno y del ministro de Defensa, general Presti.

El proyecto también modifica el régimen sobre actividades vinculadas con recursos naturales y establece restricciones al financiamiento electoral extranjero. La discusión continuará en comisiones mientras el oficialismo busca sostener el texto y negociar modificaciones puntuales.

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