El anuncio de nuevas medidas económicas desata críticas contra el régimen chavista tras los sismos
El paquete de asistencia anunciado por el gobierno venezolano para las zonas afectadas por los terremotos reavivó el malestar social y las denuncias por la falta de respuesta estatal en las primeras horas de la emergencia.
El gobierno de Venezuela anunció un conjunto de medidas económicas destinadas a la reconstrucción de las zonas más afectadas por los sismos del 24 de junio, en particular en La Guaira y Caracas. El plan incluye un fondo de asistencia, asignaciones mensuales para damnificados y mecanismos de financiamiento para la reparación de viviendas, en un intento por contener la creciente crítica social.
Sin embargo, en las zonas afectadas persisten fuertes cuestionamientos a la gestión del desastre. Vecinos y voluntarios denuncian demoras en la llegada de asistencia estatal durante las primeras 48 horas posteriores al sismo, así como una respuesta inicial centrada en el despliegue de fuerzas de seguridad en lugar de equipos de rescate y maquinaria pesada.
Las críticas también apuntan a la distribución de recursos en el terreno, con testimonios que señalan que parte de la maquinaria oficial habría sido utilizada prioritariamente para operaciones vinculadas a funcionarios, mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros.
En este contexto, la administración de Delcy Rodríguez anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares, proveniente de recursos que el gobierno asegura recuperar de organismos internacionales. El programa prevé una asignación mensual durante seis meses para los damnificados, aunque sin precisiones sobre el monto individual.
El plan oficial también contempla líneas de crédito para reconstrucción de viviendas, con subsidios de hasta el 80%, además de la exoneración de impuestos y tasas vinculadas a operaciones inmobiliarias y restricciones a la exportación de materiales de construcción. A esto se suma la creación de una comisión estatal encargada de evaluar el nivel de daños en cada inmueble.
Pese a estas medidas, en las zonas más afectadas se mantienen protestas y reclamos por reubicación y asistencia habitacional. La magnitud de la crisis se refleja en los datos oficiales, que reportan miles de muertos, decenas de miles de heridos y una amplia cantidad de viviendas destruidas o dañadas, mientras organismos internacionales advierten sobre riesgos sanitarios en los campamentos improvisados.
En este escenario, el anuncio del plan de reconstrucción busca recuperar iniciativa política, aunque enfrenta un clima de desconfianza creciente y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para gestionar la emergencia y la reconstrucción posterior.
