Cruces en la Corte de Brasil profundizan la disputa política en plena campaña electoral
Un juez del Supremo ordenó restituir al jefe de la Policía Federal, suspendido un día antes por otro magistrado. El conflicto se desató por una investigación sobre un multimillonario fraude bancario y alcanza de lleno a Lula y Flávio Bolsonaro.
La interna del Supremo Tribunal Federal de Brasil sumó un nuevo capítulo de tensión con un enfrentamiento directo entre sus magistrados, en plena campaña para las elecciones presidenciales de octubre. El juez Flávio Dino ordenó restituir en sus funciones al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, quien había sido suspendido un día antes por el magistrado André Mendonça.
Mendonça había dispuesto la suspensión preventiva después de acusar a la Policía Federal de haberlo espiado ilegalmente. Dino, exministro de Justicia de Lula, consideró que se trataba de una medida inédita que podía paralizar investigaciones y tareas policiales.
El conflicto se originó a partir de una investigación sobre un multimillonario fraude que derivó en la caída del banco Master. Un informe policial reveló mensajes del banquero Daniel Vorcaro dirigidos a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes, a quien le habría pedido ayuda para evitar una investigación que posteriormente terminó con su arresto.
Los mensajes fueron difundidos por orden de Mendonça, exministro de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro y designado en el Supremo por el expresidente. Moraes, por su parte, condujo el proceso que terminó en 2025 con la condena y prisión de Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2022.
La disputa judicial impacta directamente en la campaña. La Policía investiga transferencias millonarias solicitadas por Flávio Bolsonaro a Vorcaro, que el candidato atribuyó al financiamiento de una película sobre su padre. También se analiza si esos fondos fueron utilizados para financiar a su hermano Eduardo Bolsonaro.
En paralelo, Lula reclamó que se levante el secreto de las investigaciones sobre el caso Master y cuestionó las “filtraciones selectivas” que, según afirmó, están teniendo impacto electoral.
La tensión generó además una reacción empresarial. Unas 3.000 entidades difundieron un manifiesto en el que advirtieron sobre una “crisis institucional de extrema gravedad” y señalaron al Supremo como su epicentro. Según el documento, el cuestionamiento a los jueces pone en riesgo la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la paz social.
