Avanza el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertes y más de 150 heridos. La resolución habilita el avance del proceso pese a que los imputados permanecen prófugos.
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La decisión fue tomada luego del pedido del fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso, y de las querellas, y permitirá avanzar hacia un juicio en ausencia.
Los acusados son exfuncionarios del Gobierno iraní y miembros de Hezbollah, señalados como responsables de organizar el ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos. La resolución les atribuye homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar peligro común, además de daños agravados por motivos discriminatorios.
Rafecas calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y también recurrió a la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional. El fiscal Basso había sostenido que se trató de un crimen cometido mediante un método reconocido internacionalmente como atentado terrorista, con un coche bomba, dentro de un patrón de violencia sistemática y organizada contra la comunidad judía argentina.
La investigación reconstruyó que los responsables adquirieron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron con 300 kilos de amonal y TNT y la dejaron el viernes 15 en un estacionamiento situado a cuatro cuadras de la AMIA. El vehículo permaneció allí hasta la mañana del lunes 18, cuando fue utilizado para ejecutar el ataque.
Según Rafecas, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y encomendada a Hezbollah, que habría organizado su ejecución mediante una red regional y local con base en la Triple Frontera.
Entre los procesados se encuentran Ali Fallahijan, Alí Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, quienes ocupaban cargos de alta responsabilidad dentro del régimen iraní. También fueron procesados Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari, vinculados con la estructura diplomática y de inteligencia iraní en Argentina. El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, señalado como agente libanés de Hezbollah.
El magistrado impuso además embargos de 500 millones de dólares a cada uno y fundamentó el avance del proceso en la Ley 27.784, que permite el juicio en ausencia cuando los acusados permanecen prófugos.
