Se fue un ingeniero de F16 y crece el éxodo militar por los bajos salarios
La modernización de la Fuerza Aérea contrasta con una creciente pérdida de personal calificado, en un contexto de salarios que empujan a militares y técnicos a abandonar la institución o buscar ingresos complementarios fuera del sistema.
La incorporación de los aviones F16 al sistema de defensa argentino convive con un problema estructural en las Fuerzas Armadas: la salida sostenida de personal especializado por la pérdida de poder adquisitivo. En los últimos días, renunció uno de los dos ingenieros aeronáuticos vinculados al sistema de armas F16, lo que reavivó las críticas internas sobre la situación salarial del sector.
Según fuentes militares, los pilotos de F16 perciben alrededor de 1,2 millones de pesos mensuales, cifra que en la práctica resulta insuficiente para sostener perfiles altamente calificados, que en algunos casos son tentados por el sector privado con remuneraciones varias veces superiores. Esta brecha ha derivado en una dinámica de rotación y salida que afecta especialmente a técnicos con formación crítica.
La situación no es aislada. En los últimos meses también se registraron renuncias de pilotos de helicópteros presidenciales y de otros efectivos con especialización avanzada, lo que alimenta la percepción de un proceso de descapitalización del recurso humano militar. Parte del personal complementa ingresos con actividades informales o trabajos en plataformas de transporte, en un intento por compensar los bajos haberes.
En paralelo, se señala que la eliminación de mecanismos de actualización salarial y el retraso en la recomposición de suplementos específicos agravaron el desfasaje respecto de otras fuerzas de seguridad. Actualmente, los salarios militares se ubican por debajo de los percibidos en fuerzas como Gendarmería o Prefectura, lo que intensifica el fenómeno de salida.
Dentro de la estructura castrense también se advierte preocupación por procesos de reorganización interna y reducción de estructuras operativas, que incluyen fusiones de unidades y redefinición de funciones logísticas y de apoyo. Estos cambios se enmarcan en una estrategia más amplia de optimización del gasto público, pero generan tensiones en la cadena de mando.
A esto se suma la política de reducción y reasignación de inmuebles militares, que incluyó la desafectación y eventual venta de propiedades de alto valor estratégico. Estas decisiones refuerzan la percepción de un ajuste estructural en el área de Defensa.
En este contexto, el desafío para las Fuerzas Armadas no se limita a la incorporación de equipamiento moderno, sino a la capacidad de sostener el capital humano necesario para operarlo, en un escenario de creciente competencia salarial con el sector privado.
