Apuntan a un socio de Martín Menem en un escándalo por presunta corrupción en una obra social intervenida
La Justicia investiga el presunto desvío de fondos por unos 260 millones de pesos desde la obra social de los peones rurales OSPRERA hacia una empresa vinculada a un socio del presidente de la Cámara de Diputados, en el marco de una causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles.
El caso OSPRERA se convirtió en una de las investigaciones judiciales más sensibles sobre el funcionamiento de la intervención de la obra social de los peones rurales, dispuesta durante la actual gestión nacional. Según la pesquisa, durante esa administración se habrían direccionado fondos hacia la firma HTech Innovation, que facturó alrededor de 262 millones de pesos sin una estructura operativa clara ni actividad diversificada.
El principal señalado es Sergio Aguirre, accionista de esa empresa y socio de Martín Menem en otra sociedad del rubro nutricional. Aguirre fue citado a declaración indagatoria por el juez Sebastián Casanello, en el marco de una causa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, que también pidió medidas sobre otros exinterventores de la obra social.
La investigación sostiene que la contratación de HTech Innovation habría sido avalada durante la intervención de OSPRERA, con participación de funcionarios y vínculos directos con el entorno de la Secretaría General de la Presidencia. En ese esquema aparecen mencionados los exinterventores Virginia Montero y Marcelo Petroni, quienes habrían firmado y renovado contratos con la empresa investigada.
Uno de los elementos centrales del expediente son las comunicaciones incorporadas a la causa, donde se registran intercambios entre los involucrados y referencias a reuniones en dependencias oficiales con figuras del entorno político, entre ellas Eduardo “Lule” Menem. Estos contactos son analizados por la Justicia como posibles indicios de coordinación en las decisiones administrativas.
El juez Casanello imputó a los acusados por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, y dispuso embargos por hasta 920 millones de pesos sobre bienes y activos, incluyendo vehículos de alta gama vinculados a Aguirre.
La firma investigada habría funcionado con escasa estructura operativa y sin empleados registrados, según constataciones judiciales. También se analiza su vínculo con otras sociedades relacionadas a los mismos accionistas, lo que abre la hipótesis de una operatoria empresarial concentrada en la facturación a la obra social intervenida.
Por el momento, ningún integrante de la familia Menem se encuentra imputado en la causa, aunque sus nombres aparecen mencionados en el expediente como parte del circuito de contactos políticos bajo análisis judicial.
