La Corte Suprema frenó el intento del Gobierno de acelerar la reforma laboral
El máximo tribunal rechazó el pedido de per saltum presentado por la Casa Rosada para intervenir de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral. La decisión representa un revés para el Gobierno de Javier Milei en una de las leyes más sensibles de su programa económico.
La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves rechazar el recurso extraordinario impulsado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal tratara de forma inmediata la controversia judicial alrededor de la reforma laboral. Por unanimidad, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaban dadas las condiciones legales necesarias para habilitar el denominado per saltum.
La estrategia oficial buscaba evitar el recorrido habitual de la causa en tribunales inferiores y lograr una definición rápida sobre la medida cautelar que había suspendido cerca de 80 artículos de la reforma impulsada por el Ejecutivo. El pedido había sido presentado por la Procuración del Tesoro luego del fallo del juez laboral Raúl Ojeda, quien había frenado parcialmente la aplicación de la norma tras una presentación realizada por la CGT.
Con la decisión de la Corte, el expediente continuará ahora en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, instancia que deberá analizar el fondo de la discusión antes de que eventualmente pueda intervenir el máximo tribunal.
Pese al rechazo del per saltum, el Gobierno obtuvo en los últimos días un alivio parcial. La Cámara de Trabajo resolvió que los artículos cuestionados vuelvan a tener vigencia mientras se revisa la cautelar dictada por Ojeda. Los camaristas Arturo Pesino y María González consideraron que la apelación debía tener efecto devolutivo y no suspensivo, lo que permitió restablecer temporalmente la aplicación de los puntos frenados.
La reforma laboral constituye uno de los ejes centrales del plan económico y político de Javier Milei. El texto incluye modificaciones en materia de contratación, indemnizaciones, modalidades laborales y regulación sindical, puntos que generaron fuerte resistencia de la CGT y de distintos sectores opositores.
El fallo de la Corte no implica una definición sobre la constitucionalidad de la reforma, pero sí marca un límite al intento del Ejecutivo de acelerar los tiempos judiciales en una causa de alto impacto político, económico y sindical.
