Créditos VIP en el Nación: modificaron una norma para habilitar préstamos a funcionarios y luego la dieron de baja
Una resolución interna permitió el acceso de dirigentes a créditos hipotecarios millonarios en 2024; tras el escándalo público, el banco revirtió el cambio.
Una modificación normativa en el Banco Nación quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que funcionarios y legisladores accedieron a créditos hipotecarios por montos elevados en condiciones favorables. La medida, impulsada en 2024, habilitó de forma explícita que cargos políticos pudieran calificar para estos préstamos, algo que hasta entonces no estaba contemplado de manera directa.
El cambio fue introducido durante la gestión de Daniel Tillard, quien incorporó un párrafo a la reglamentación vigente para incluir a personas con ingresos provenientes del sector público no tradicional, entre ellos funcionarios designados y cargos electivos. Esta modificación permitió que un grupo de aproximadamente 40 dirigentes accediera a créditos hipotecarios que, en promedio, rondaron los 250.000 dólares, en muchos casos destinados a segundas o terceras viviendas.
Entre los beneficiados hubo integrantes del equipo económico vinculado a Luis Caputo, lo que amplificó el impacto político del caso. Si bien no se detectaron irregularidades legales en la operatoria, la rapidez en la aprobación de los créditos y las condiciones preferenciales generaron cuestionamientos sobre posibles privilegios dentro del Estado.
La controversia escaló a comienzos de 2026, cuando la información comenzó a circular en redes sociales y medios. Frente a la reacción pública, las autoridades del banco decidieron revertir la modificación. A través de una nueva circular, eliminaron el apartado que habilitaba el acceso de funcionarios, en un intento por desactivar el escándalo.
Desde el oficialismo reconocieron que la decisión original buscó evitar ambigüedades normativas, aunque admitieron el impacto negativo en la opinión pública. En ese contexto, el propio Javier Milei defendió la legalidad de los créditos, aunque evitó profundizar sobre el aspecto ético de la medida.
El episodio dejó expuesta la tensión entre legalidad y legitimidad en el uso de herramientas estatales, en un contexto donde el acceso al crédito hipotecario sigue siendo limitado para la mayoría de la población.
