Entre Ríos está en alerta. El proyecto es en la ribera uruguaya, frente a Colón. Revive la disputa por Botnia.

El proyecto uruguayo para instalar en Paysandú una planta de combustibles sintéticos que combinaría hidrógeno verde producido in situ con CO biogénico capturado de la combustión de residuos forestales mantiene en vilo a los vecinos de Colón, en Entre Ríos, quienes ya judicializaron la iniciativa.

El escenario amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión bilateral, similar al que enfrentó a Argentina y Uruguay hace casi dos décadas por la instalación de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia sobre la margen uruguaya del río, a la altura de Fray Bentos: el llamado conflicto por las pasteras.

Aquella controversia derivó en años de protestas comunitarias con cortes en los puentes internacionales e incluso llevó a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tribunal concluyó que Uruguay había incumplido los procedimientos de información y consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay, aunque determinó que no se había probado una contaminación significativa del río. Por eso, la planta -puesta en funcionamiento en 2007 y luego adquirida por UPM en 2009- continuó operando.

En ese momento, el conflicto se agravó por la falta de comunicación entre los dos países para cumplir con los tratados vigentes, una situación que algunos actores afirman que vuelve a repetirse. Entonces también confluyeron la movilización de comunidades entrerrianas, grupos ambientalistas y la escalada que protagonizaron los fallecidos Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez hacia 2005.

En la actualidad, el foco del conflicto está en un fuerte reclamo de la oposición entrerriana y en la judicialización del proyecto. Pero el gobierno de Rogelio Frigerio sostiene que lo sigue hace un año.

Este fin de semana, los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador Adán Bahl —todos peronistas— se presentaron como “amicus curiae” en la causa que tramita en la

Justicia Federal por la instalación de la planta de hidrógeno verde que construye en Uruguay, frente a Entre Ríos, la empresa HIF Global.

Por su parte, Frigerio mantiene el tema como una cuestión de Estado. Lo habló con el presidente Yamandú Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin . El gobernador no está en contra de la planta, afirman, sino que pide que la relocalicen para que no haya contaminación visual y no afecte el desarrollo turístico de la zona.

HIF Global se define como desarrolladora de proyectos de e-combustibles.

La inversión en Uruguay es de 5.300 millones de dólares.

Según su información oficial, produce e-fuels en la planta HIF Haru Oni, en Chile, y desarrolla proyectos a escala comercial en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil y Australia.

La inversión estimada para el proyecto en Paysandú supera los 5.300 millones de dólares. Pero la protesta va creciendo del lado argentino. Ocurre que en la costa entrerriana crece la preocupación porque su economía es turística y temen volver a enfrentarse con un paisaje dominado por una gran instalación industrial y chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que estén a unos 3 a 4 kilómetros de la costa del río y el gobierno entrerriano les pide que lo hagan a 30.

“La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al río Uruguay y a nuestras comunidades”, afirmó Michel. Indicó que “no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, que obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente”, agregó.

Ese artículo establece que si uno de los países planea realizar una obra que pueda afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, debe comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), acompañando la documentación técnica y los estudios necesarios para que la otra parte pueda evaluar sus efectos.

Según los legisladores entrerrianos, ese procedimiento no se habría cumplido. También sostienen que corresponde a la delegación argentina ante la CARU exigir no sólo la notificación de la intención del proyecto, sino la presentación del plan técnico completo para evaluar su impacto ambiental.