La Justicia condenó a Sergio Pezzotta a pagar una millonaria indemnización a Guillermo Marconi y reavivó la interna arbitral
Un fallo del Juzgado Civil N.º 33 ordenó resarcir al titular del SADRA por daño moral tras una denuncia que fue desestimada en la Justicia penal. La sentencia, que también alcanza a dos árbitros asistentes, vuelve a exponer la disputa sindical dentro del arbitraje argentino.
La disputa interna entre los árbitros del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Civil N.º 33 condenó a Sergio Pezzotta, dirigente de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), a pagar una indemnización de 337 millones de pesos a Guillermo Marconi, secretario general del Sindicato de Árbitros de la República Argentina (SADRA), por daño moral. A esa cifra se suman alrededor de 70 millones de pesos en costas judiciales, además de los intereses correspondientes.
El fallo también alcanza a los árbitros Carlos Mihura y Juan Carlos Del Fueyo, quienes habían participado de la denuncia que originó el conflicto judicial. Según se anticipó, los tres condenados apelarán la decisión dictada por el juez Horacio Alejandro Liberti.
El origen del caso se remonta a julio de 2019, cuando Mihura y Del Fueyo denunciaron a Marconi por supuestos manejos irregulares dentro del sindicato, citando como respaldo declaraciones atribuidas a Pezzotta. Sin embargo, siete meses después, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49 solicitó el sobreseimiento del dirigente gremial al considerar que los hechos denunciados no existieron.
Tras ese cierre de la causa penal, Marconi inició una demanda civil al considerar que la acusación había afectado su honor y reputación. La Justicia finalmente le dio la razón y estableció la indemnización por daño moral.
El conflicto se inscribe en una fuerte disputa gremial dentro del arbitraje argentino. En aquellos años, cerca de 900 árbitros abandonaron el SADRA en medio de una reconfiguración sindical impulsada desde sectores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La situación derivó en denuncias por presuntas presiones y discriminación en la designación de árbitros para los partidos de las distintas categorías.
El fallo judicial vuelve a poner en primer plano esa interna, marcada por tensiones entre dirigentes sindicales y autoridades del arbitraje. Mientras la sentencia abre un nuevo frente legal, el conflicto político y gremial dentro del fútbol argentino continúa lejos de resolverse.
