El Gobierno envió y retiró en horas el proyecto de reforma penal juvenil
En una secuencia que expuso tensiones internas, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley penal juvenil y pocas horas después decidió darlo de baja. La iniciativa insistía en bajar la edad de imputabilidad a 13 años y establecía un costo de implementación superior a los $23.700 millones.
La marcha atrás respondió a la resistencia de aliados clave, que cuestionaron tanto el contenido como la oportunidad política del proyecto. La falta de consensos dejó al descubierto las dificultades del oficialismo para avanzar en reformas sensibles sin un respaldo parlamentario sólido.
El episodio abrió interrogantes sobre la estrategia legislativa del Gobierno y reavivó el debate sobre cómo abordar la problemática de la delincuencia juvenil sin generar rupturas políticas ni sociales.
