Juicio por YPF en Nueva York: Burford avanza con un pedido de desacato contra la Argentina
El fondo que financia la demanda por la expropiación de YPF en 2012 prepara una ofensiva judicial que podría derivar en sanciones y embargos, mientras el país enfrenta un plazo clave fijado por la jueza Loretta Preska.
Burford Capital, principal financiador de las demandas de Petersen y Eton contra la Argentina en los tribunales de Nueva York, anticipó que solicitará que el país sea declarado en desacato por no cumplir con la orden de entregar comunicaciones de funcionarios y exautoridades. El reclamo se apoya en la presunta falta de cooperación del Estado en la producción de chats, correos electrónicos y otros intercambios relevantes para la causa.
Si bien la jueza Loretta Preska ya señaló que la Argentina está incumpliendo sus órdenes, otorgó una última prórroga formal hasta el 10 de enero para completar la entrega de la información requerida. No obstante, Burford quedó habilitado a avanzar con el pedido de desacato entre el 15 de enero y el 5 de marzo, lo que abre la posibilidad de sanciones económicas, procesales y eventuales embargos de activos.
En audiencias previas, la magistrada dejó asentado que la negativa a producir la documentación podría tener consecuencias severas. Hasta el momento, cerca de la mitad de los funcionarios y exfuncionarios involucrados aportaron sus comunicaciones, pero figuras centrales —como el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller y ex secretario de Finanzas Pablo Quirno y el ex ministro Sergio Massa— no entregaron material o no respondieron al requerimiento.
El objetivo de los demandantes es reforzar la tesis del “alter ego”: sostienen que empresas como YPF, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el BCRA actuaron como extensiones directas del Estado, ejecutando políticas públicas que permitirían avanzar sobre activos para garantizar el cobro de una eventual sentencia. Esta línea corre en paralelo a la apelación de fondo, cuyo fallo podría conocerse en cualquier momento.
En el Gobierno interpretan que la presión de Burford busca acelerar definiciones y habilitar embargos antes de que se resuelva la apelación central del caso. La lista de funcionarios que sí aceptaron cooperar contrasta con las negativas de los principales decisores políticos, un factor que podría inclinar la balanza en el próximo movimiento de la jueza Preska.
