Arsénico en el agua: un relevamiento detecta niveles superiores a los recomendados
Un estudio del ITBA registró concentraciones de arsénico por encima de los valores sugeridos por la OMS en múltiples provincias. Más de cuatro millones de personas podrían estar expuestas a riesgos sanitarios.
Un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) sobre más de 350 muestras de aguas superficiales y subterráneas encendió una alarma sanitaria nacional: en numerosos puntos del país se registran niveles de arsénico superiores a los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El mapa elaborado por el instituto muestra que lo que antes se consideraba un problema focalizado en Buenos Aires hoy se distribuye por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa y otras provincias.
El informe advierte que la exposición prolongada al arsénico puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), además de elevar el riesgo de cáncer de pulmón y laringe y provocar enfermedades respiratorias crónicas. Las zonas más comprometidas son aquellas que dependen de perforaciones o pozos individuales, con controles irregulares y variaciones de concentración según la profundidad.
AYSA emitió un comunicado para llevar tranquilidad dentro de su área operativa, asegurando que el agua que distribuye se mantiene dentro de los límites permitidos y desaconsejando el uso de perforaciones particulares. El ITBA clasificó los niveles de riesgo en tres categorías: verde (menos de 10 ppb), amarillo (entre 10 y 50 ppb) y rojo (más de 50 ppb). En esta última franja aparecen municipios bonaerenses como Tres Arroyos, Balcarce, Junín, Navarro, Cañuelas, Azul, Tandil, Necochea, Pehuajó, Olavarría, La Plata, San Nicolás y Zárate.
El presidente de la Fundación Argentina de Toxicología, Francisco Dadic, sostuvo que estos valores no sorprenden y que históricamente el país presenta concentraciones superiores a las recomendadas por la OMS, en parte por las características geológicas de la región andina. El informe profundiza un desafío sanitario que ya no es local sino nacional, y que requiere políticas de control y soluciones estructurales para garantizar el acceso seguro al agua potable.
